Una fiscal que pidió altas condenas a manifestantes del 11J, a la lista de represores cubanos

La fiscal se suma a otros tres jueces, que fueron incluidos recientemente en la lista de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Jueces en un Tribunal en Cuba. INFOBAE

La fiscal Vivian Pérez Pérez fue incluida en la base de datos de Represores Cubanos que elabora la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, informa RadioTVMartí.

Pérez Pérez fue incluida »por haber elaborado dos injustos expedientes de fase preparatoria contra manifestantes pacíficos del 11J», dijo el periodista Rolando Cartaya, encargado de realizar esa selección. 

Esta fiscal »elaboró penas de entre cinco y 14 años de prisión para 15 de los que protestaron en el municipio San Miguel del Padrón, en su mayoría jóvenes, a los que acusó de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir. A fines de octubre, los familiares de estos acusados recibieron sentencias firmes de entre tres y diez años de prisión», añadió Cartaya. 

De igual modo, Pérez Pérez elaboró el expediente de fase preparatoria en contra de otros 15 participantes de las protestas del 11 de julio en el municipio habanero de Diez de Octubre. Para estos manifestantes, pidió sanciones de entre siete y 13 años de privación de libertad. 

Cartaya consideró incluir a esta fiscal porque dicha operadora del Derecho, »fue aún más severa con los manifestantes que serán juzgados este miércoles y jueves en el municipio Diez de Octubre (por haber participado en las manifestaciones en la Esquina de Toyo), al pedir penas entre siete y 12 años. En este caso 13 de los 15 acusados enfrentan penas de 10 años o más», apuntó este periodista.

Con anterioridad, los magistrados del Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo Xian Fong ZamoraOrencio Tamayo Granados y Fidel Rivacoba Mesa habían sido incluidos en esa lista.

Estos jueces tuvieron responsabilidad en las sentencias de hasta diez años de cárcel impuestas a ciudadanos que se habían manifestado el 11 de julio de 2021 en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. 

Para Cartaya, todos estos funcionarios incurren en el delito de prevaricación »a sabiendas que están dictando sentencia injusta o pidiendo pena injusta en los casos de estos jóvenes, que lo único que quieren es libertad y que Cuba sea un país próspero y libre». 

Según el Artículo 139 del Código Penal cubano vigente, comete prevaricación quien, faltando a los deberes de su cargo, promueva la persecución o sanción de una persona cuya inocencia le es conocida. Incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años o multa de 300 a 1.000 cuotas. 

Los jueces y los fiscales cubanos han dado la espalda a la justicia en los procesos contra los manifestantes del 11J, como mostró un análisis publicado en DIARIO DE CUBA y los testimonios ofrecidos a este medio por abogados que trabajaron en la defensa de esos acusados.

Un material revelado en mayo pasado por DIARIO DE CUBA, bajo el título «Así se pacta la justicia en Cuba«, reflejaba la confabulación entre la Fiscalía, el Tribunal Supremo Popular (TSP) y el Ministerio del Interior (MININT), para responder a los intereses del régimen.

En el video se apreciaba una reunión de 2018 encabezada por el presidente del TSPRubén Remigio Ferro, y en la que participaban la fiscal general Yamila Peña Ojeda y otros funcionarios del TSP y del MININT.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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