Cuba

Un centenar de familiares de detenidos el 11J pide la intervención de la Iglesia Católica cubana

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Apelan al Cardenal Juan de la Caridad García, Arzobispo de La Habana, y a la Conferencia de Obispos Católicos.

Protestas en La Habana el 11 de julio. PERIODISMO DE BARRIO

Familiares de cubanos detenidos y bajo proceso judicial por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio pasado en la Isla pidieron a la Iglesia Católica su «inmediata y formal intervención en aras de lograr la liberación de todos los cubanos que ejercieron el derecho fundamental a la libertad de expresión y manifestación pacífica».

A través de una carta abierta firmada por un centenar de personas, que reúne a madres, esposas, hijas y otros familiares de «detenidos y perseguidos», los firmantes se dirigieron al cardenal Juan de la Caridad García, Arzobispo de La Habana, y a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba para «que nos acompañe en esta necesidad urgente de hacer justicia».

«A tres meses de las protestas espontáneas y pacíficas del 11 de julio (11J) en Cuba, madres, esposas, hijas y familiares de detenidos y perseguidos, manifestamos nuestras profundas quejas y preocupaciones por la situación y estado de nuestros seres queridos», indica el texto de la misiva, publicada en el sitio web de la organización de la sociedad civil cubana Estado de SATS.

«No son pocos los cubanos que fueron violentamente arrestados a raíz del 11J por ejercer el derecho elemental a la manifestación pacífica, que luego mantuvieron incomunicados durante semanas, que hoy permanecen arbitrariamente detenidos, que han sido golpeados y abusados, que han contraído el Covid-19 en las prisiones y que enfrentan un futuro incierto», resume el texto.

Los firmantes subrayan que a la represión contra los detenidos se suma, junto a «un sistema contrario a la separación e independencia de poderes, la carencia de un sistema jurídico legal, la ausencia del debido proceso y la existencia de un cúmulo de injusticias y violaciones legales, resultado de la represión y la impunidad del régimen. Incluso existen casos de familiares que también terminaron encarcelados por el mero hecho de reclamar que se cumplieran las normativas que el propio sistema ha trazado».

«Al no contar con derecho alguno y sentirnos completamente desamparados en una sociedad regida por el Estado comunista y donde ninguna institución es independiente de este, nos vemos restringidos como ciudadanos, al punto de sentirnos minimizados, despreciados, violentados», indican.

«Protestar pacíficamente no es un crimen. Decir lo que se piensa no es un crimen. Ser hombres honestos y cubanos con pensamientos propios tampoco es un crimen. No es un crimen querer ejercer nuestros derechos y libertades como seres humanos, aunque a quienes se atrevan a defenderlos se les detenga y condene por supuestos delitos cuyo objetivo es enmascarar el escarmiento por atreverse a exigir libertad. Pedir libertad no es ni podrá ser jamás un crimen. Muy al contrario: es la única manera coherente y digna de oponerse al crimen y la injusticia», finalizan.

Estado de SATS invitó a todos los familiares de los detenidos y acusados por participar en las manifestaciones del 11J «a unir sus firmas y apoyo a este necesario y legítimo pedido a la Iglesia».

Si bien el régimen nunca ha publicado la cifra exacta de detenidos tras las protestas, y el gobernante Miguel Díaz-Canel se limitó a decir que eran «cientos», varios grupos independientes y activistas han reunido evidencias que indican que se tratarían de más de 1.000, muchos de ellos liberados con multas y otros bajo proceso.

Aunque, según el presidente del Tribunal Supremo Rubén Remigio Ferro, manifestarse en Cuba, lejos de constituir un delito es un derecho constitucional, muchos de los que lo ejercieron entre el 11 y el 13 de julio han sido acusados de desórdenes públicos e instigación a delinquir. 

Pese a que las imágenes de las protestas ocurridas entre el 11 y el 13 de julio muestran que la mayoría de los manifestantes actuaron de forma pacífica, a muchos se les han agregado cargos de atentado, con lo que las condenas son más severas.

La pasada semana, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertó que el régimen está pidiendo hasta 12 años de cárcel contra varios de los manifestantes presos, lo que equivale a una sanción similar a la que se aplica en el país a quienes cometen homicidio.

«Hemos documentado al menos 11 peticiones fiscales de entre 12 y cuatro años de prisión por supuestos delitos de ‘desórdenes públicos y atentado’, fundamentalmente en las provincias de Camagüey y Villa Clara», indicó la organización con sede en Madrid en una nota publicada en su sitio web.

«Otras 40 personas enfrentan peticiones de entre ocho meses y un año de prisión», agregó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

«Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio», añadió, y advirtió que, de confirmarse esas condenas, «estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos».

TOMADO DE DIARIODECUBA

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