Tras las protestas del 11 de julio el Gobierno cubano legalizará las viviendas ilegales en “barrios insalubres” para “alegrar” a la población

El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), informó recientemente sobre la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel al periférico barrio habanero de La Güinera (Arroyo Naranjo), a la par que indicó que entre las muchas acciones desplegadas para resolver antiquísimos problemas de la comunidad, se encontraba “la legalización de 122 viviendas” irregulares en el barrio.

Como en todos los repartos alejados del centro de la ciudad de La Habana, La Güinera está plagada por viviendas no legalizadas, levantadas sin autorización del Gobierno y sin recursos, la mayoría de ellas por inmigrantes del interior del país (sobre todo de la región oriental de la isla) que han llegado a la capital buscando un futuro mejor.

Esta barriada parece ser la única que se beneficiará con estas políticas gubernamentales reparadoras y algo permisivas en toda La Habana, luego de volverse interés de la administración de Díaz-Canel al ser allí donde estalló una de las revueltas más importantes y multitudinarias de la capital durante la ola de protestas populares masivas del pasado 11 de julio, y donde fue asesinada la única víctima mortal reconocida por el oficialismo (Diubis Laurencio Tejeda).

Empleados del Departamento Jurídico de la Dirección Municipal de Vivienda del municipio Playa explicaron, en declaraciones a medios de prensa independientes, que han recibido orientaciones de comenzar con el otorgamiento de propiedades de viviendas a los titulares de casas improvisadas e ilegales en los “barrios insalubres” de La Corbata, El Bote, Romerillo y Cubanacán, en dicho municipio.

Sin embargo, muchos de los favorecidos han asegurado que esta medida no resolverá su situación de insalubridad y nula habitabilidad, pues se quedarán en una casa en la que no pueden ni quieren vivir, como declaró Zoila Calas Hernández, vecina de Romerillo, quien lleva 30 años pidiendo “una vivienda más digna y hasta albergue” al Estado (dado que vive sin baño ni cocina, y nunca ha contado con los medios para construir o reparar).

Encima, las personas que levantan viviendas ilegales son usual y frecuentemente amenazadas por las autoridades con ser desalojadas.

La población se encuentra muy desconfiada de la “buena” intención y la efectividad de la campaña de control de daños que ha emprendido el Gobierno cubano desde el 11J para aplacar el descontento popular.

TOMADO DE CUBACUTE

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