El régimen cubano, con respaldo político e ideológico comunista, emplea todo tipo de subterfugios y trucos para despreciar y no atender las necesidades de los cuentapropistas

Un taxista privado limpia su vehículo en La Habana

MADRID, España. – Muchas cosas deben cambiar en Cuba. El modelo económico y social comunista acumula tal cantidad de anomalías que la idea de promover una profunda transformación del mismo se hace cada vez más generalizada entre analistas y observadores. Los únicos que se niegan a abandonar su zona de confort ideológica son los dirigentes del régimen, cada vez más aislados en su capacidad para hacer frente a todos los problemas que se acumulan. Uno de los más recurrentes, y en teoría más sencillos de resolver, es el que tiene que ver con la forma de gestionar los asuntos públicos por parte de la administración estatal.

Con casi el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba concentrado en gastos del presupuesto estatal y con el régimen de propiedad de los activos de producción en manos del estado, sería necesario que el sector público en Cuba desplegase armas distintas a las que actualmente desarrolla.

Una de las líneas que debe mejorar cuanto antes es la atención al sector privado. La falta de cultura política es importante. Antes de las reformas raulistas, no existía en Cuba un sector privado emergente. Ahora, ya representa el 12% de la ocupación total. El incremento de actividad, empleo y producción en este sector, sometido a un rígido control por parte del poder político del estado, es un reto a la gestión pública, que necesariamente tendrá que evolucionar si quiere dar respuesta a las demandas.

Desde el parón de actividad en la Isla el pasado mes de marzo, como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, el sector privado de la economía ha sufrido de forma intensa la imposibilidad de realizar sus actividades. Entre los que tiraron la toalla, los que se acogieron a la entrega temporal de sus licencias y los que se mantienen a duras penas utilizando los ahorros para intentar una complicada supervivencia hasta que de nuevo la actividad vuelva a funcionar con normalidad, el balance final es descorazonador.

Y si difícil es sobrevivir a la coyuntura económica, no es menos cierto que los trabajadores independientes y los emprendedores se quejan del trato recibido por las autoridades. Son notorios el deficiente funcionamiento institucional, la irresponsabilidad y la excesiva burocracia. Claramente, no hay respeto por los ciudadanos.

Este proceder describe un modelo de cultura jerárquica, despegada de cualquier interés en atender las necesidades sociales, que caracteriza al régimen de la Isla. Sin embargo, ha llegado la hora de ir modificando esas pautas. Lo raro es que, en la Estrategia, o en tantos documentos elaborados por el régimen para la actualización del modelo económico y social, nadie hable de la necesidad de profesionalizar y mejorar la gestión pública, que no es más que dar solución a esas prácticas que crean rechazo en la mayoría de la sociedad, pero, sobre todo, en el sector privado emergente.

La diferencia respecto al común de los ciudadanos que se resignan a recibir lo que suministra ese estado poderoso, con capacidad plena de decisión sobre sus vidas, reside en que los emprendedores privados son independientes del estado, o al menos aspiran a ello por su vocación empresarial, poseen una licencia para el ejercicio de la actividad, que han conseguido con no pocas dificultades, y pagan los impuestos y la seguridad social. O sea, están provistos de derechos básicos que pretenden ejercer.

Frente a esta acción reivindicativa, plenamente justificada en cualquier país del mundo, la administración cubana, con respaldo político e ideológico comunista, emplea todo tipo de subterfugios y trucos para despreciar y no atender las necesidades de los emprendedores privados. El calvario abarca desde largas esperas hasta trámites sofocantes, pasando por informaciones ineficaces y, en muchos casos, falsas, que obligan a realizar una y más veces la misma gestión. Un buen ejemplo de ello han sido las medidas adoptadas durante la pandemia para compensar las rentas de los trabajadores pertenecientes a empresas estatales o al sector presupuestado y las que se aplicaron a los emprendedores privados.

A diferencia de lo que podría haber ocurrido, los emprendedores, que funcionan a un ritmo distinto y que, por ello, son productivos y eficientes, han empezado a denunciar, mediante quejas y reclamaciones, las desatenciones por parte de los funcionarios. Los reproches giran en torno a episodios de falta de respeto hacia los trabajadores por cuenta propia. El gobierno cubano, que alardea de haber introducido fórmulas de estado de derecho para que los ciudadanos ejerzan los suyos ante los poderes públicos, mira para otro lado y deja en situación de desamparo a aquellos que se atreven a quejarse. Incluso, se lanzan amenazas sobre una eventual represión en forma de no concesión de licencia o confiscación de productos. La situación va por muy mal camino.

Las primeras protestas de emprendedores privados contra la administración tuvieron lugar el pasado año por parte de los boteros contra los controles de precios y de recorridos en la capital. La movida fue cercenada por el gobierno. Después se han producido muchas más quejas, como las de los llamados carretilleros, pero también han sido silenciadas.

A nivel individual, los reclamos no hacen más que aumentar.  En abril, la ministra de Trabajo y Seguridad Social dijo que 52 000 trabajadores del transporte privado habían suspendido su actividad a instancias del gobierno y señaló que también se podía realizar a petición propia, opción a la que se habían acogido 139 000 personas. Entonces, se calculó un impacto de 99 millones de CUP, tanto por las cuotas tributarias mensuales, como por el 10% de los servicios o ventas que se dejan de captar.

Desde ese momento, el sector privado ha estado solicitando al gobierno amparo con medidas de rescate, como las que se están adoptando en otros países, por medio de créditos preferenciales y autorizaciones para importar y exportar sin pasar por el control del estado. Se trata de demandas que no tienen éxito porque el gobierno ni las escucha. No es esta la cultura de una administración pública poderosa que debe estar al servicio de todos los ciudadanos.

En casi 62 años el gobierno cubano no ha mostrado interés de tratar igual a los iguales. Un buen ejemplo ha sido la autorización para regresar con pasaporte caducado a los cubanos que salieron hace poco de la Isla, mientras que a los residentes permanentes en el exterior les obliga a pagar el pasaporte y a realizar todas las gestiones. La administración pública de un país, su gobierno, gana en legitimidad cuando atiende igual a los iguales. Discriminar con políticas distintas, muchas veces contradictorias, no está justificado y puede ser el origen de un creciente malestar social. Deberían tenerlo en cuenta.

Tomado De CUBANET

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