Cuba

Republicanos de EEUU presentan una Ley Democracia contra el régimen cubano para cerrar ‘las brechas de las sanciones existentes’

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Marco Rubio, María Elvira Salazar y Rick Scott, entre otros, exigen más presión financiera sobre el castrismo y medidas contra funcionarios violadores de derechos humanos.

Represión a las protestas del 11 de julio en La Habana. ADALBERTO ROQUE AFP

Varios legisladores cubanoamericanos se unieron al senador Rick Scott en la presentación de una ley para incrementar las sanciones al régimen comunista cubano y ejercer una presión financiera sin precedentes, según informó el servicio de prensa de la oficina de Scott.

Se trata de la Ley bicameral de Negación de Ingresos a la Oligarquía Militar en Cuba y Restricción de Actividades del Aparato de Inteligencia Cubano (Ley Democracia), iniciativa también del congresista Byron Donalds, a la que se han unido los senadores Marco Rubio, Roger Marshall, Tommy Tuberville y Mike Braun, y los congresistas Mario Diaz-Balart, Carlos Giménez, María Elvira Salazar, Brian Babin y Alex Mooney.

La propuesta autoriza a imponer sanciones, bloqueando activos y negando la entrada a los Estados Unidos a una persona extranjera, si el presidente de Estados Unidos determina que participa conscientemente en una actividad con el sector de defensa, el sector de seguridad, el sector de inteligencia, o cualquier otro sector del régimen de Cuba involucrado en la perpetración de abusos de derechos humanos o en la prestación de apoyo al terrorismo internacional.

También permite imponer esas sanciones a una persona extranjera o un alto funcionario que brinde apoyo financiero, material o tecnológico significativo o participe en una transacción significativa con el sector de defensa, seguridad o inteligencia de Cuba o cualquier entidad o individuo afiliado a ese sector (incluyendo su familiar adulto inmediato).

La ley Democracia autoriza al presidente de Estados Unidos a imponer sanciones por abuso de los derechos humanos y corrupción en Cuba a miembros del Partido Comunista de Cuba, incluyendo la Oficina de Asuntos Religiosos y miembros del Politburó y el Comité Central; miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros y del Ministerio del Interior de Cuba, incluida a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

También están sujetos a posibles sanciones miembros de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de la Oficina de la Presidencia, cualquier funcionario del régimen cubano que trabaje con el Ministerio de Justicia o la Procuraduría General de la República y que viole los derechos al debido proceso de una persona en Cuba. El cónyuge e hijos de cualquiera de estas personas bloqueadas también pueden ser sancionados.

La Ley autoriza al presidente a poner fin a estas sanciones solo si certifica al Congreso que el Gobierno de Cuba ha puesto en libertad a todos los presos políticos, legalizó todos los partidos políticos, establece una prensa libre y celebra elecciones libres, justas y observadas internacionalmente.

Asimismo, autoriza a utilizar de inmediato todos los medios posibles para brindar al pueblo de Cuba un servicio de internet confiable y sin restricciones que no esté censurado ni bloqueado por el régimen cubano y en este sentido requiere que el presidente establezca un grupo de trabajo para desarrollar soluciones a largo plazo con tales fines.

«Durante décadas, Cuba ha sido la raíz de la inestabilidad en América Latina y una amenaza constante para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El régimen de Castro alberga grupos terroristas, ha eliminado las elecciones libres y justas, amenaza y arresta arbitrariamente a críticos, periodistas y activistas políticos, y sostiene y apoya a otros dictadores despiadados, como Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua», declaró el senador Rick Scott.

«Mientras continúa la lucha del pueblo cubano por liberarse del opresivo e ilegítimo régimen comunista cubano, Estados Unidos debe defender la democracia cubana. La Ley Democracia implementa severas sanciones contra la Cuba comunista y cierra las brechas de las sanciones existentes. El proyecto de ley deja en claro que Estados Unidos no se quedará al margen durante esta lucha crítica. Insto a mis colegas de la Cámara y el Senado a que de inmediato adopten y aprueben la Ley Democracia y envíen un mensaje claro al presidente Biden de que ahora es el momento de fortalecer la lucha por la libertad en Cuba», añadió.

Por su parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio declaró: «Ampliando sobre una legislación existente, la Ley Democracia busca imponer un costo a las personas que continúan oprimiendo al pueblo de Cuba. Desde su títere, Díaz-Canel, hasta sus secuaces de GAESA, la dictadura cubana sigue enriqueciéndose ilegalmente mientras los cubanos de a pie siguen siendo víctimas de la opresión, censura y violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura».

«Siendo un Estado patrocinador del terrorismo, la dictadura de Castro y Díaz-Canel continúa amenazando nuestra estabilidad regional a través de su apoyo a regímenes antidemocráticos en nuestro hemisferio», añadió.

Para el representante Carlos Giménez, «el mal manejo de la Administración Biden sobre Cuba ha sido una vergüenza. Estados Unidos debe tener una postura firme contra el malvado régimen comunista de Castro y mantener un compromiso firme e inequívoco con el pueblo cubano que busca la libertad».

«Al sancionar a individuos dentro del aparato de poder del Partido Comunista de Cuba, estamos enviando un mensaje claro al pueblo cubano y al resto del mundo de que estamos firmemente del lado de la libertad política y económica. Este problema es personal para mí. Siempre estaré firmemente del lado de todos los que anhelan la libertad y la democracia», dijo Giménez.

«Hoy mis colegas y yo estamos introduciendo una legislación para negar el apoyo material a la brutal, opresiva y antiamericana dictadura cubana y para exigir a la Administración Biden que utilice cualquier medio disponible para proporcionar acceso a internet al pueblo cubano, lo que se han negado a hacer hasta ahora», dijo por su parte el congresista Mario Díaz-Balart.

«Mientras valientes activistas a favor de la democracia y los derechos humanos continúan exigiendo libertad, y muchos siguen encarcelados por atreverse a hablar en contra del régimen, esta legislación es fundamental para promover una Cuba libre y democrática«, añadió.

Por su parte, la cubanoamericana María Elvira Salazar dijo que como hija de exiliados cubanos, está «comprometida con la lucha contra el régimen asesino que obligó a muchos de nosotros a huir».

«Esta legislación crítica asegura que cualquier empresa extranjera que decida hacer negocios con el régimen de Castro será bloqueada del dinero y los mercados estadounidenses. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras las empresas extranjeras suministran oxígeno a una dictadura brutal para su propio beneficio económico. Estados Unidos no debe ni hará negocios con dictadores o sus compinches», concluyó.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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