Quienes organicen “acciones subversivas” contra Cuba desde el exterior serán juzgados en ausencia y arrestados si ingresan al país

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José Luis Reyes Blanco, Jefe de Departamento en la Dirección Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, alertó en la televisión estatal que su entidad se encuentra diseñando modificaciones de las legislaciones cubanas para poder procesar penalmente a todos los nacionales que participen en “acciones subversivas” financiadas, convocadas o coordinadas desde el exterior.

Las personas que incurran en estos delitos y no residan en el país, podrán ser juzgadas “en ausencia” o “extraditadas mediante la cooperación jurídica internacional”.

Reyes Blanco emitió estas advertencias en el programa Hacemos Cuba de este viernes, en el que tocó, junto al polémico presentador y abogado Humberto López, temas como las “herramientas legales” del Estado cubano para defenderse de acciones “subversivas” (lo que también se conoce como represión a los opositores del Gobierno).

El fiscal citó los Artículos 4 y 13 de la Constitución Cubana para recordar a los televidentes que el Gobierno tiene la potestad de llegar a las armas, si es necesario, en el enfrentamiento contra las amenazas al socialismo.

Señalando lo establecido en el Artículo 1.1 del Código Penal (referido al deber y a la obligación del pueblo cubano de respetar la legalidad socialista y las normas de convivencia de dicho sistema), López aprovechó lo explicado por Reyes Blanco para lanzar una más de sus “advertencias” a la población (fácilmente identificadas como amenazas).

Tipificados como “desórdenes públicos” en el Artículo 200, exigir derechos o hacer uso de la libertad de expresión en Cuba se consideran crímenes. El delito de “resistencia” y el de “desacato” (de los Artículos 143 y 144, respectivamente) suelen estar asociados a los anteriores.

De igual forma, trataron sobre el Artículo 103 de “propaganda enemiga”; el 104, que estandariza los actos constitutivos del delito de “sabotaje”; y el 105, que contempla condenas de cárcel entre 10 y veinte años, incluida la pena de muerte, para este tipo de infracción.

El perfil de los activistas y opositores pacíficos encajan supuestamente con los delitos de “ultraje a los símbolos de la Patria”, incluidos en el Artículo 203, y los que postula el Artículo 119, que normaliza los actos de “mercenarismo”.

El término mercenario se resume como “un individuo sin patria, que se vende al mejor postor”, destacando el elemento financiero de las actitudes, dígase dinero o cualquier forma de retribución material, y arguyendo que cada estado regula este delito como crea conveniente.

Finalmente, los voceros alertaron que existen normas que posibilitan el castigo con sanciones incluso más severas que las que registra el Código Penal, pues pueden ser aplicadas legislaciones como la “Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas” (Ley 80), o la “Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba” (Ley 88).

Se aclara que se pueden aplicar, incluso a ciudadanos extraditados, cuando se considere el momento adecuado, y este consiste en la etapa donde existan más tensas relaciones, en la que “se incrementen las agresiones, la hostilidad y la agresividad permanente”.

López ha sido portavoz de amenazas en varias ocasiones contra activistas de la sociedad civil, advirtiendo que la paciencia del pueblo tiene límites. Ha llegado hasta a comunicar las posibles penas que cargarían los activistas de ser juzgados por delitos por los que ni siquiera han recibido acusaciones formales, como en el caso de miembros del Movimiento San Isidro.

TOMADO DE CUBACUTE

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