¿Qué intenta el régimen de Cuba con juicios en ausencia y extradiciones de activistas del exilio?

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A partir del anuncio hecho por el vocero del régimen Humberto López, DIARIO DE CUBA consulta abogados al respecto.

El vocero del régimen Humberto López.

El vocero del régimen de Cuba Humberto López exhibió las «armas jurídicas» del Gobierno contra los opositores y el exilio, incluidas la extradición y el juicio en ausencia del acusado (in absentia) para las personas en el exterior que inciten, divulguen o financien acciones desestabilizadoras en el país.

El fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe de departamento de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía de Cuba, dijo en el programa Hacemos Cuba que «todas las personas que tengan un nivel de participación» en acciones contra el régimen «pueden ser procesadas en ausencia».

En el programa televisivo hablaron en particular del llamado delito de «mercenarismo», que incluye el financiamiento a través de salarios, regalos, recargas de teléfonos, premios y visas. Reyes Blanco describió así a los «mercenarios»: «Es un individuo capaz de matar, incendiar, destruir, difamar por dinero«.

Y agregó: «No cabe dudas de que cualquier persona que se afilia a un Gobierno extranjero o que responde a ese Gobierno, que recibe financiamiento de Gobiernos extranjeros, puede cometer delitos de esta naturaleza».

Sin embargo, abogados consultados por DIARIO DE CUBA consideran «vagos criterios» las amenazas de Reyes Blanco contra quienes critican la ideología socialista de cualquier manera. El fiscal habla a partir de los delitos previstos en la Ley 88 de febrero de 1999 sobre la Protección de la Independencia Nacional y de la Economía y en el Código Penal contra mercenarios, traidores a la Patria y otros como sabotaje o desórdenes públicos.

¿Extradición a Cuba?

«Desde el punto de vista jurídico las amenazas vertidas no tienen sentido ni alcance racional para la extradición de cubanos porque debe existir como requisito previo, entre Cuba y el Estado donde reside el acusado ausente, especiales tipos de convenios bilaterales que agoten la materia. Por regla general, la persecución política o ideológica no es causal de extradición», explican los abogados consultados.

Todos aquellos cubanos que tengan condiciones de refugiados o de asilados políticos por hechos asociados a cuestiones políticas no serán entregados, aun en caso de existir convenios o relaciones recíprocas. Tampoco serán entregados quienes aleguen la persecución política de Cuba, la falta de independencia del sistema judicial cubano y los graves problemas de garantías que sufren los acusados.

En los sistemas de justicia democrática e independiente de ideologías, no es visto como delito y mucho menos puede ser alegable como causa de extradición la mera vinculación de personas en un chat, el recibo de financiamiento de fuentes diversas para la promoción de los derechos humanos y las libertades, la asociación, la creación partidista, la mera confesión y los vínculos que se establecen para disentir políticamente de un modelo de Estado.

«La Seguridad del Estado, en un estado de esquizofrenia, puede fabricar pruebas de ‘rigor’, como ocupación de armas, declaraciones de presuntos acusados que residan en Cuba o en el extranjero aclarando planes prestándose para el juego, hilvanar hechos falsos… pero los riesgos aquí de perder son enormes. El Estado cubano tendría que contar primero con el beneplácito de los órganos de la Contrainteligencia del país donde se encuentre ubicado el acusado. Tendría que atravesarse una ardua negociación entre ministerios de Relaciones Exteriores y se verificaría hasta la saciedad toda la información que se le suministre. De comprobarse la falsedad, habrá necesarias consecuencias para las relaciones y no serían ddesccartables confrontaciones serias entre Estados”, detallan.

Además, según la actual Ley de Procedimiento Penal, el Gobierno de Cuba tendría que hacer al Gobierno extranjero la promesa de reciprocidad cuando no existan convenios al respecto. De manera que si por ejemplo se pide la extradición de un cubano residente en Colombia, el régimen debe comprometerse a extraditar a un colombiano que esté residiendo en la Isla.

«¿Querrá hacerlo en todos los casos? Evidentemente no», aventuraron los abogados consultados, en referencia a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentes en la Isla.

¿Juicios en ausencia?

Los juicios en ausencia tampoco serán ejecutables según la Ley, aunque el fiscal en Hacemos Cuba haya insistido en que las leyes lo permiten.

«En Cuba, como en la mayoría de las naciones occidentales, no se puede hacer un juicio e imponer una condena sin la presencia física del acusado en el proceso penal«, detallan los abogados.

Pero si la Fiscalía insiste en juzgar en ausencia, los cubanos acusados y ausentes o en rebeldía podrán ver requisitorias para su llamamiento y captura por parte del instructor, el fiscal o el Tribunal. «En este caso se colocan avisos en las puertas aduaneras y en todas las unidades de Policía para que si la persona acusada entra al país o aparece sea detenida», especifican.

Si el proceso se encuentra en la fase investigativa policial, continuará su tramitación hasta que se agoten todos los medios de prueba que el mismo requiera, suspendiéndose (archivándose) después su curso en cuanto el acusado sea declarado ausente o en rebeldía.

Culminada la fase investigativa, se dispondría el archivo de las actuaciones y se ratificaría o anularía el aviso en frontera dado para su captura, según fuera la decisión final.

Golpe político y mediático

Los abogados consultados por DIARIO DE CUBA explican que un ciudadano cubano con acusación de un delito que prescribe tras el paso de decenas de años, como resultan ser los hechos graves que pretenden imputar, estaría incapacitado moralmente para ser actor político válido dentro o fuera de la nación en cualquier evento de cambio o transición.

El ausente o rebelde, mientras no sea juzgado y absuelto o amnistiado, estará vetado para la participación en conversaciones de cualquier clase, nivel y lugar.

Los abogados explican a DIARIO DE CUBA que podríamos estar frente a una purga del universo opositor, usándose como herramienta el derecho penal vigente, acción que debilita e incapacita a los líderes incómodos al régimen y potencia aquellos en los que puedan depositar su seguridad, continuidad y confort.

Insisten los letrados en que el mayor impacto sería mediático. El Gobierno cubano cuenta con menos respaldo de la opinión pública internacional y puede estar concibiendo como acción estratégica la radicación de varios expedientes penales contra varios acusados situados en el exterior, alegando como fuente probatoria esencial, las fuentes de financiamiento de Estado extranjero que tengan en las manos.

«La idea es hacer creer que la disidencia, oposición, periodistas independientes, activista de derechos humanos y otros contestatarios frontales, organizan actos de terrorismo y la incitación sin fundamento para la desestabilización del orden político, económico y social establecido en Cuba«, detallan.

«El Gobierno de Cuba moverá todos sus hilos para hacer creer que cubanos violentos pretenden desde el exterior acabar con las conquistas sociales de la Revolución», concluyen.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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