Cuba

¿Pueden ir presos ahora los cubanos si son acusados por el Gobierno por lo que publican en las redes sociales? Pues sí, y aquí te contamos cuáles serían las penas a cumplir!!!

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El polémico Decreto-Ley 35/2021, publicado este 17 de agosto en la Gaceta Oficial Ordinaria 92, confirma (una vez más) que el Gobierno totalitario cubano monopoliza las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el espectro radioeléctrico en el país, empleando al Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) como su organismo rector para estos usos y servicios públicos.

Este documento estipula 8 deberes del usuario:
– Impedir que los servicios se utilicen: a) contra la Seguridad del Estado y el Orden Interior; b) para transmitir informes o noticias falsas; c) en acciones que afecten o perjudiquen a terceros; y d) como medio para cometer actos ilícitos.
– Abstenerse de usar el servicio para acciones o transmisiones: a) de información ofensiva o lesiva a la dignidad humana; b) de contenido sexual o discriminatorio; c) generadora de acoso; d) que afecte la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público.

Por supuesto, no se quiso pecar por omisión, por lo que la lista concluye indicando que también serán regulados “los demás deberes establecidos en la legislación vigente” [Artículo. 18].

Por consiguiente, se lista también la serie de penalizaciones que serán aplicadas, sin tener en cuenta la responsabilidad civil o penal [Artículo. 19], a los infractores de estas obligaciones. De incumplir, la sanción tendrá repercusiones judiciales.

El Código Penal recoge las sanciones administrables por la incursión en estos delitos, como por ejemplo:
– Propaganda Enemiga por difusión de noticias falsas tendentes a causar alarma, descontento o desorden público, sancionable con privación de libertad de 1 a 4 años [Artículo. 103.2].
– Difusión de Noticias Falsas contra la Paz Internacional, que lleva igual sanción de 1 a 4 años [Artículo. 115].
– Delito contra el Delito de Igualdad por discriminar a otra persona, incitar a la discriminación o difundir ideas de superioridad u odio racial, que conlleva sanción de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multa de 200 a 500 cuotas o ambas [Artículo. 295].

El Reglamento General del Decreto-Ley 35 de contravenciones está recogido en el Decreto 42 del Consejo de Ministros.

Este que sanciona las violaciones como contravenciones “siempre que no constituyan delito” [Artículo. 125], las que requieren de la aplicación de medidas administrativas [Artículo. 126] por parte de inspectores del MINCOM [Artículo. 92].

Los Artículos 76-80 del Reglamento General dictan 5 contravenciones de los servicios de telecomunicaciones y TIC (con sus respectivas sanciones):
– Por instalar, operar, explotar, mantener o comercializar redes sin debida autorización, multa de 1.000 a 2.000 Pesos Cubanos (CUP) si es persona y entre 2.000 y 4.000 CUP si es entidad.
– Por prestar servicios públicos sin debida autorización, multa de 15.000 a 20.000 CUP si es persona y entre 20.000 y 40.000 CUP si es entidad.
– Por instalar, operar, explotar, mantener o comercializar redes con parámetros técnicos y protocolos incompatibles con la legislación vigente, multa de 500 a 1.000 CUP si es persona y entre 1.00miy 2.000 CUP si es entidad.
– Por importar, comercializar o transferir por cualquier medio; instalar o mantener instalado equipos, aparatos, antenas, accesorios y demás dispositivos para brindar o recibir servicios sin debida autorización, multa de 1.000 a 2.000 CUP si es persona y de 2.000 a 4.000 CUP si es entidad.
– Por instalar, mantener instalada, construir, importar o emplear equipos transmisores, receptores o sistemas de antenas para utilizar servicio de radiocomunicación espacial en el territorio nacional sin la correspondiente autorización, multa de 1.000 a 2.000 CUP a la persona, incluso el representante de la entidad correspondiente.

El Decreto 42 también establece alrededor de 30 contravenciones [Artículo. 81] para el uso del espectro radioeléctrico, cuyas sanciones (4 niveles de multas) están contempladas en los Artículos 82-85:

Todas las personas que cometan este delito, serán sancionadas con entre 300 y 500 CUP, entre 300 y 600 CUP, entre 500 y 1.000 CUP y entre 1.500 y 2.000 CUP.

El Artículo 87 tipifica que la multa para las entidades será de 500.000 CUP, de 600 a 1.500 CUP, de 1.000 a 2.000 CUP, y de 2.000 a 4.000 CUP, mientras que será de 2.000 CUP para el capitán de nave o aeronave en puerto, rada o aeropuerto cubano desde la cual se efectúen, sin debida autorización, radiocomunicaciones internacionales en cualquier banda de frecuencia.

Además, el Artículo 88 estipula que se pueden imponer al infractor medidas accesorias como decomiso de equipos y otros medios (los cuales pasarán sin pago al MINCOM), suspensión o cancelación de licencia y clausura de las instalaciones implicadas, sumado a la multa y a la obligación de dar solución al hecho que originó la contravención.

A un Recurso de Apelación ante el Director Territorial de Control del Ministerio de Comunicaciones se podrá aplicar contra las multas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, según el Artículo 94.

Entretanto, un Recurso de Reforma ante la misma autoridad y en los mismos términos y condiciones procede contra el decomiso, de acuerdo con el Artículo 95.

La acción administrativa prescribe, según el Artículo 98, en caso de que el inspector diagnostique una infracción y no sea identificado el infractor en un plazo de un año, y si se ejecuta la medida, prescribe según el Artículo 100.

La Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad cae regulada en la Resolución 105/2021 del MINCOM, publicada en la Gaceta Oficial junto con el Decreto-Ley 35 y el Decreto 32, en donde se tipifican por categorías de acuerdo con niveles de peligrosidad, desarrollados en un anexo.

El ciberterrorismo es definido por el reglamento como como incidente de agresión, no refiriéndose a la crítica. Por tanto, el delito de ciberterrorismo se cumple en la ejecución de acciones orientadas a la subversión social o a subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado; obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; alterar gravemente la paz pública; desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o parte de ella.

La crítica viene referida en el Reglamento dentro de la categoría Daños éticos y sociales, en alusión al eco mediático de noticias falsas, mensajes ofensivos y difamación con impacto en el prestigio del país. También se incluyen en la tipología la difusión dañina de contenidos, aclarando en un apartado a lo que se refiere el Estado con “contenido dañino”, que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público.

Bajo los delitos de terrorismo [Artículos 106-10], rebelión [Artículos 98-99] y hasta sedición [Artículo 100], en dependencia de la gravedad del caso, el ciberterrorismo se castiga con años de cárcel o muerte, cuyas penas se establecen en el Código Penal.

La defensa de “los logros alcanzados por nuestro Estado Socialista” se ha priorizado en estos días de profunda inestabilidad política, económica y social, traspasando los límites del control y la supresión de derechos ciudadanos.

TOMADO DE CUBACUTE

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