Mercancía “escondida” en los almacenes y precios “alterados” son motivo de elevadas multas a trabajadores estatales en varios municipios de La Habana

El periódico provincial Tribuna de La Habana comunicó que un grupo de supervisores de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) de la capital aplicó una serie de multas de 8.000 Pesos Cubanos (CUP) a una decena de trabajadores estatales en los municipios de La Lisa, Centro Habana y San Miguel del Padrón, por haber infringido las normas estipuladas sobre los precios de algunos productos ofertados y sobre las medidas sanitarias.

Los inspectores detectaron 280 cajas de cigarros H. Upmann con filtros, 40 sin filtro y 300 de Popular Rojo en el almacén del kiosco de la intersección de las calles 198 y 91 (La Lisa), los que no estaban a la venta. Esta acción incumple con lo estipulado en el Decreto-Ley 30.

En la tienda Chantilly del boulevard de San Rafael (Centro Habana) habían varios tipos de productos retenidos por más de 48 horas, lo que se multó de acuerdo a lo establecido en los Decretos-Ley 30 y 31.

Las multas implementadas en el mercado Caballo Blanco (San Miguel del Padrón) estaban amparadas por las mismas legislaciones, dado que allí se incumplieron las normas de precios y de medidas sanitarias.

Se decomisaron 110 libras de arroz y 80 unidades de almohadillas sanitarias en la bodega 1.021 del mismo municipio por no encontrarse en el inventario; aunque el diario no especificó si los trabajadores fueron también sancionados.

El mercado estatal María Luisa de la propia región habanera resultó multado por comerciar el plátano fruta a 6 CUP por cada libra, cuando el precio dictado es de 4,25 CUP por libra.

Otras 113 libras de fruta bomba se hallaron sin respaldo documental, en conjunto con un faltante de 18.288 CUP, por lo que la mercancía fue requisada.

El director provincial de la DISC, Osvaldo Rivalta Torres, explicó que a estos empleados también se le fueron impuestas multas de 8.000 CUP.

Debido a la crítica escasez general (sobre todo de artículos de primera necesidad como alimentos y medicamentos) comenzada con la llegada de la pandemia del coronavirus a la isla, el Gobierno ha desplegado una gigantesca campaña de lucha contra las ilegalidades y, de igual forma, ha puesto en marcha el aparato propagandístico estatal para culpar a la población por los problemas que han sumergido al país en la miseria.

Rivalta Torres explicó que donde quiera que sus inspectores se presentan, se encuentran irregularidades con respecto al estricto cumplimiento del Decreto-Ley 30, enfrentando precios abusivos y problemas de sanidad, aclarando que esto ocurre tanto en entidades del Estado como en las que pertenecen al sector privado.

Con el inicio de la implementación de la Tarea Ordenamiento, en enero de este 2021, el Gobierno cubano estipuló que las violaciones de las tarifas y precios establecidos por dicha reforma económica general se sancionan con multas de hasta 15.000 CUP.

TOMADO DE CUBACUTE

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