Más de un centenar de cubanos han sido procesados por extracción ilegal de oro en poco más de un año

Las inspecciones y operativos policiales contra la minería furtiva se han concentrado fundamentalmente en provincias centrales y orientales del país.

Entrada de una galería excavada por mineros ilegales dedicados a la extracción de oro. GERMAN VELOZ GRANMA

Un total de 115 personas han sido procesadas por extracción ilegal de oro, fundamentalmente en las provincias de Guantánamo, Holguín y Las Tunas, tras inspecciones y operativos policiales realizados durante 2020 y hasta el cierre del primer trimestre de este año, publicó el diario oficial Granma.

Juan Ruiz Quintana, director general de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), dijo al medio que desde 2013 la extracción ilegal de minerales ha mostrado una tendencia creciente, sobre todo en los lugares donde mayormente se concentran residuos de explotaciones antiguas de yacimientos de oro, coleras o donde existe oro aluvial, en las zonas centrales y orientales de la Isla.

El funcionario no precisó qué tipo de sanciones recibieron este centenar de personas vinculadas con la minería furtiva.

Ruiz Quintana acusó a los que practican la minería furtiva de perjuicios económicos, pero fundamentalmente de afectaciones al medio ambiente y sus recursos naturales: el suelo, los cuerpos de agua, así como la flora y la fauna.

También los hizo responsables por el «impacto negativo sobre la seguridad y la salud de las personas, pues se han reportado varios accidentes en el ejercicio de estas actividades, algunos fatales, sin la observancia de ninguna norma técnica o legal».

Recientemente, especialistas cubanos involucrados en las investigaciones del incendio desatado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt señalaron a la minería ilegal artesanal como la causa del fuego que ardió desde el 17 de abril pasado y durante 22 días en un área declarada Patrimonio de la Humanidad.

La Constitución cubana, en su Artículo 23, dispone que, entre otros recursos, «son de propiedad socialista de todo el pueblo los yacimientos minerales y las minas«.

Sin embargo, para explotarlos, sean del tipo que sean, se requiere una concesión minera, que tramita la estatal Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) y otorga el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o el titular del MINEM, en dependencia del mineral en cuestión.

Según dijo a Granma, el máster Maddyel Reyes de Armas, director general de la Oficina Nacional de Recursos Mineralesla extracción ilegal de recursos minerales puede tipificar como delito y enfrentarse por la vía penal, pero también constituye una contravención, por la que pueden imponerse multas y el decomiso de los minerales e instrumentos que sirvieron para cometer la infracción».

Reyes citó «un plan gubernamental para la prevención y enfrentamiento a los delitos e ilegalidades que afectan los recursos naturales, liderado por el Ministerio del Interior«, pero añadió que necesita «fortalecer la labor de los equipos y dotarlos de los recursos materiales y humanos necesarios, así como de herramientas organizativas que posibiliten un desempeño más eficiente y sistemático».

Admitió que «otra línea de acción» planificada «no ha tenido los resultados esperados, aunque se han dado pasos». Se trata de «la actualización del inventario de las áreas con presencia de minería ilegal, que incluye, entre otros aspectos, el tipo de mineral objeto de la ilegalidad».

También se refirió «a la tarea relacionada con la valoración y proposición de las modalidades u otras formas de gestión para organizar la actividad de minería artesanal, de modo que permita aprovechar esos recursos minerales de forma viable, segura y ambientalmente sostenible».

Dentro de las reformas cosméticas del Partido Comunista de Cuba (PCC) a la economía cubana, el Gobierno autorizó al sector privado a ejercer «la minería artesanal», pero para piedra y solo con destino a la construcción, arena y arcillas. No incluyó otro tipo de explotación minera.

Reyes dijo que el Ministerio de Economía y Planificación, el Instituto de Planificación Física y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tienen que redactar una norma jurídica que flexibilice el otorgamiento de la microlocalización a personas naturales para realizar actividad minera, pero todavía no han concretado nada.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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