La ONU exige a La Habana liberar a Maykel ‘Osorbo’ tras concluir que su detención es arbitraria

El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria llama al régimen cubano a que le permita visitar la Isla ‘visto el recurrente patrón de detenciones arbitrarias constatadas’.

Maykel Castillo ‘Osorbo’. MAYKEL OSORBO 349/FACEBOOK

El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictaminó que el régimen cubano debe liberar al rapero Maykel Castillo Pérez, «Osorbo», uno de los intérpretes del tema «Patria y Vida», quien está encarcelado sin juicio desde mayo de 2021.

De acuerdo con esa comisión, entre las razones de su decisión está que al músico «se le negó la asistencia jurídica de su propia elección y, por ende, el derecho a impugnar la legalidad de la detención, en contravención de los artículos 8 y 9 de la Declaración Universal y de los principios 11 y 37 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión».

En el proceso a favor del rapero, presentado por la ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) el 7 de julio pasado, el régimen pudo presentar sus alegaciones y pruebas el 11 de octubre, pero estas quedaron sin sostén alguno tras las evidencias descritas por la organización en su nota sobre el caso.

A su favor, La Habana alegó que Castillo Pérez tenía un abogado designado por el régimen, a lo que la ONU respondió que ese profesional «pertenece a un Bufete Colectivo, dependiente del Ministerio de Justicia y controlado por el Gobierno a través de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de modo que no puede considerarse como una asesoría legal independiente».

Según CPD, este dictamen aplica a todos los casos similares en Cuba, por lo que supone «la desacreditación formal de la abogacía cubana como abogacía independiente» y «expone la falta de defensa efectiva de forma generalizada en todos los procesos penales en Cuba».

Asimismo, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria señaló que el dictamen de prisión preventiva de la Fiscalía en contra de «Osorbo» es ilegal, algo que sirve también para calificar todas las detenciones relacionadas con las protestas del 11J.

«La Fiscalía no puede considerarse una autoridad judicial independiente e imparcial a los efectos del Artículo 10 de la Declaración Universal. Este órgano cumple con la función de investigación y acusación, esencial para la justicia, pero incompatible con el poder de decidir de forma independiente e imparcial sobre los méritos legales para la privación de libertad. Vista estas circunstancias, el Grupo de Trabajo remite el caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados, fiscales y abogados», subraya el dictamen.

Además, recalca que no hay «ningún documento que avale la orden de detención, ni en el que se demuestre que se le indicó al señor Castillo las razones de esta, tampoco hay registro de que esta orden de detención preventiva haya sido sujeta a control judicial».

Según la decisión, Castillo Pérez «ha sido detenido como resultado de (…) los delitos de atentado, desacato y evasión de presos y detenidos relacionados con hechos de desobediencia, agresión y ofensas a los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (…) El Grupo de Trabajo ha determinado anteriormente que la tipificación de estos delitos es excesivamente vaga y demasiado amplia, ya que no definen claramente la actividad delictiva que pretenden sancionar (…) La aplicación de disposiciones vagas y demasiado amplias en el presente caso hacen imposible la invocación de base legal para justificar la detención del señor Castillo».

«[Maykel Castillo] permaneció sin la posibilidad de ser asesorado legalmente ni preparar su defensa por tres meses, lo que contraviene los estándares internacionales de protección contra la detención arbitraria, que determinan que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia letrada de un abogado de su elección en cualquier momento durante su detención, incluso inmediatamente después del arresto», prosigue el informe.

En su denuncia, CPD documentó que al rapero, miembro del Movimiento San Isidro, fue detenido 121 veces entre el 14 de diciembre de 2019 y el 18 de mayo de 2021.

«El señor Castillo fue sometido a prisión por un año y un mes, desde el 23 de septiembre de 2018 hasta el 23 de octubre de 2019. Ello, por haber filmado un operativo policial en la vía pública, con su teléfono móvil y haberse negado a entregarlo a la Policía», subrayó el informe, en referencia a la privación de libertad a la que fue sometido el rapero con anterioridad.

«El Grupo de Trabajo desea expresar su más profunda preocupación por los informes que ha recibidos sobre el hostigamiento, intimidación, amenazas y detenciones a las que ha sido sometido el señor Castillo», subraya el informe.

«El Grupo de Trabajo está convencido de que el señor Castillo Pérez ha sido perseguido y detenido arbitrariamente por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación y participación» y «considera que no habría lugar para un juicio penal».

«La forma en que se ha detenido al señor Castillo se enmarca, dado el patrón de persecución y acoso, y la falta de garantías procesales, en una situación de discriminación por su posición política y sus actividades en el área de derechos humanos», subraya.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas pidió al Gobierno de Cuba que libere a Maykel «Osorbo», al tiempo que pide que «asegure que todos los actos de intimidación contra el señor Castillo terminen y que se lleve a cabo una investigación imparcial y efectiva sobre estos y que los responsables sean llevados ante la justicia».

También reclama remediar esa situación «sin dilación (…) y que el remedio adecuado sería poner al señor Castillo Pérez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional».

El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria remitió a su vez el caso al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y a la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales.

Finalmente, la instancia de la ONU llamó a que La Habana invite a sus miembros a visitar oficialmente la Isla «visto el recurrente patrón de detenciones arbitrarias constatadas por este mecanismo internacional de protección de derechos humanos en los últimos años».

La profesora Anamely Ramos denunció la pasada semana que Maykel permanece enfermo e incomunicado en Pinar del Río, donde está encarcelado. Ello, a raíz de la nominación de «Patria y Vida» a los Premios Lo Nuestro.

«Yo estoy enfermo, me he estado sintiendo mal, incluso he vomitado, tengo los ganglios inflamados, pero estos no son momentos para echar para atrás. Yo estoy con mi pueblo, los que están fuera de Cuba, dentro, presos, en la calle», se escucha decir al rapero en un audio grabado en el mes de noviembre.

A fines de octubre, el Movimiento San Isidro denunció que el régimen condiciona la liberación de Castillo y de Luis Manuel Otero Alcántara a su abandono definitivo del país, a lo que ambos se resisten. 

A inicios de diciembre, Artist at Risk Connection de PEN América, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), Freedom House, Freemuse, PEN Internacional y Prisoners Defenders exigieron al régimen cubano la liberación inmediata del rapero.

Asimismo, «Osorbo» fue nombrado preso de conciencia por Amnistía Internacional y PEN Internacional lo incluyó en su campaña del Día del Escritor Encarcelado, en el que centros PEN por todo el mundo hicieron referencia a su detención.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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