La campaña contra los hoteles de GAESA no es anticubana

El primer ministro Manuel Marrero lloriquea por las pérdidas de la campaña de boicot a los viajes turísticos a Cuba.

Hotel Aston Panorama, Miramar, La Habana. BOOKTOCUBA

El pasado 17 de diciembre el primer ministro Manuel Marrero denunció «una campaña mediática contra el turismo en Cuba«, en referencia al llamado a boicotear los viajes turísticos a la Isla. Lloriquear por las pérdidas que esa campaña le ocasiona a «Cuba» o a la «industria turística cubana» es una performance fallida.

¿Cuál es la función de Manuel Marrero como primer ministro?

La primera precisión que hay que hacer es que la verdadera función del señor Manuel Marrero es la de veedor en el Consejo de Estado de los intereses de la nueva oligarquía militar-civil, no los de Cuba y su población. Para eso restablecieron el cargo de primer ministro y lo pusieron a él en ese puesto.

La segunda es que por ese motivo él no se preocupa en realidad por las afectaciones que esa campaña pueda tener sobre la «industria turística de Cuba», sino por las pérdidas que pudieran acarrearle al Grupo de Administración de Empresas S.A. (GAESA).

GAESA es un oligopolio registrado en Panamá con accionistas desconocidos, fuera del alcance de cualquier auditoría del Partido Comunista de Cuba (PCC)  o del Gobierno cubano, que controla, administra y se beneficia del total de ganancias de las principales  empresas que en Cuba generan moneda convertible, como el turismo, aviación, venta de servicios médicos al exterior, remesas, productos de exportación, comercio interior dolarizado, comunicaciones, estaciones de gasolina, y muchos otros productos, servicios y actividades.

Mientras centenas de cubanos morían por falta de balones de oxígeno, GAESA invertía miles millones de dólares en la construcción de nuevos hoteles de lujo, en un país donde más de la mitad de las habitaciones hoteleras estaban vacías. Entre enero y junio de 2021, durante lo peor de la pandemia, los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler concentraron el 45,5% de la inversión total del Estado, frente a 3,1% dedicado al agro, el 0,8% a la salud pública y el 0,6% a la ciencia e innovación. La inversión acumulada en Cuba de enero a junio de 2021 indica que se dedicaron a «servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, incluido el turismo» una cantidad 56,8 veces mayor que la inversión en salud y 14,5 superior a la inversión agropecuaria.

El boicot es contra las ganancias con que la nueva oligarquía, anticubana y mafiosa, financia la represión

Los intereses de la nueva oligarquía no responden al interés nacional de Cuba ni a las necesidades de su pueblo, sino a su lógica privada de maximizar ganancias. Nadie toca su dinero, ni se fiscaliza el que lava sobrefacturando la construcción de hoteles de lujo y otras obras. Es lo que antes hicieron con la construcción del Puerto del Mariel, cuando rompieron el contrato ya firmado con el British Coral Capital Group por poco más de 350 millones de dólares, encarcelaron a sus ejecutivos y contrataron a Odebrecht —luego famosa por sus escándalos de corrupción con políticos regionales— por casi 900 millones de dólares.
 
Para esta mafia criminal —aliada de narco-Estados, carteles y terroristas— lo que no genere divisas de forma inmediata, o tenga baja rentabilidad (aun si es de primera necesidad para la población como el transporte, salud, producción de alimentos, etc.), debe ser dejado en manos del desvencijado Estado comunista para que sus burócratas den la cara ante la ciudadanía por su ineficiencia. Los cubanos debieran descubrir dónde radica hoy el poder real, para que las próximas protestas se lleven a cabo frente a las oficinas de GAESA.

GAESA no le interesa, por ejemplo, producir pollos en el país porque deriva millones de dólares de su monopolio sobre la importación barata de esa carne desde EEUU. De hecho, en época de la apertura de Obama saboteó una oferta de una transnacional latinoamericana para producir suficientes pollos para cubrir el mercado nacional y exportar el excedente. La transnacional lo ponía todo (capital, tecnología, mercados externos) y el país solo tenía que aportar el terreno para las instalaciones. Pero no ocurrió. Prefirieron importar pollos congelados de EEUU para comercializarlos en su monopolio nacional de ventas dolarizadas a más del 240% de su costo de compra, sin tener que enredarse en un engorroso proceso de producción nacional con reembolso dilatado de la inversión. ¿Qué así no hay seguridad alimentaria? ¿Qué eso no reanima el campo cubano? No importa, y además GAESA es «panameña».

Los propietarios de GAESA son desconocidos. No es una empresa cubana «de las FAR», ni de «los militares» —en cuyo caso podría ser auditada, se vería obligada a rendir informes y tributar ganancias de modo transparente al presupuesto nacional—. GAESA es la herramienta de poder económico de una exigua oligarquía invisible, integrada en su mayor parte por ciertos militares y un grupo selecto de civiles. Esa oligarquía, con el clan Castro al centro, es la que manda en Cuba; el PCC y la Asamblea Nacional obedecen.

El poder económico de esta nueva oligarquía emana de GAESA, y su poder militar del control que ejercen sobre los principales mandos de las FAR y el MININT. A través de ellos, basados en la complicidad, y sumisión de ese limitado grupo de oficiales,organizan la vigilancia y represión de cualquier funcionario del PCC o de la administración pública que cuestione esta situación. Y, por supuesto, también la que ejercen, brutalmente, contra la población cuando explota como el pasado 11 de julio contra la miseria en la que la han hundido. La nueva oligarquía mandó a matar ese día por boca de un monigote que posa de presidente, y un puñado de corruptos altos mandos de las FAR y el MININT ejecutaron la faena con fuerzas regulares y paramilitares. Las ganancias oligárquicas provenientes del turismo, las brigadas médicas internacionales y las remesas, entre otras, financiaron el coste de la represión.

GAESA y sus propietarios privados —la nueva oligarquía a la que pertenece Marrero, no el pelele de Miguel Díaz-Canel— no ofrecen utopías comunistas ni se interesan por cubrir mínimamente las necesidades básicas de la población a la usanza del viejo Estado. El pacto social comunista de traficar ventajas sociales por derechos políticos fue enterrado con el viejo milenio. En el Estado mafioso no hay ningún derecho, solo obligaciones. No hay un sueño en el horizonte del porvenir, solo un presente que se deteriora día a día de esclavitud laboral y represión.

La mafia golpista y su (contra)revolución verde oliva

El Artículo 5 de la Constitución, que dictamina que todo el poder es del PCC, nunca fue violado por los manifestantes del 11 de julio. Para entonces, al PCC ya lo habían desalojado de facto del poder, por el golpe de Estado silencioso de una mafia también totalitaria, pero ahora ajena a todo compromiso social con la población.  

La propaganda oficial describe el 11 de julio como una de las «revoluciones de colores» auspiciadas por la CIA. En todo caso, lo ocurrido en Cuba a lo largo de la última década es una silenciosa y gradual (contra)revolución verde oliva. Los golpistas están en GAESA o conectados desde las FAR y el MININT a ese pulpo financiero.

El señor Manuel Marrero es parte de esa mafia golpista y vela por sus intereses en el Consejo de Estado. De esa función emana su poder. Haber sido nombrado primer ministro de un Gobierno desprestigiado y en bancarrota dirigido por un fantoche habría sido en realidad una democión para Marrero. Y el jefe real de Marrero es el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.  

TOMADO DE DIARIODECUBA

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