En el peor día para la libertad de asociación, el régimen de Ortega anula 83 entidades sociales y culturales

Entre las entidades civiles clausuradas por decreto de la Asamblea Nacional figuró la casi centenaria Academia Nicaragüense de la Lengua.

Daniel Ortega habla en un acto de masas. EL MUNDO

El mes de mayo terminó en Nicaragua con el peor día, de una seguidilla de días nefastos, para la libertad de asociación y expresión en el país centroamericano. De un plumazo fueron anuladas 83 organizaciones sociales y culturales, en la peor jornada desde que el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, iniciaran una razzia contra las ONG.

Entre las entidades civiles clausuradas por decreto de la Asamblea Nacional, un parlamento controlado de forma abierta por el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), figuró este 31 de mayo la casi centenaria Academia Nicaragüense de la Lengua, en lo que se entiende es la venganza contra una pléyade de escritores que se han manifestado en contra de las arbitrariedades del sandinismo.

En anteriores decisiones, tal como lo ha reseñado DIARIO DE CUBA, por ejemplo, el régimen de Ortega y Murillo cerró el 7 de mayo a 50 organizaciones, incluidas entidades de la Iglesia católica. El portal Confidencial adelantó que este 2 de junio podría sancionarse el cierre de otras 96 asociaciones.

El observatorio del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+  ha contabilizado el cierre de 344 entidades disueltas, en la mayoría de los casos sus bienes (incluso sedes) son confiscados, así como embargadas sus cuentas bancarias. Según este colectivo, se viene registrando «una sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes vulnera su derecho de libertad de asociación, de participación política y participación en el desarrollo de Nicaragua«.

Entre otros tantos escritores exiliados o con posiciones cuestionadoras del régimen que siguen en Nicaragua, a la academia local de la lengua pertenecían la poetisa y novelista Gioconda Belli y el escritor y periodista Sergio Ramírez, ambos con lazos en el pasado con el FSLN y que se vieron forzados al exilio.

Ramírez, tras exiliarse cuando el régimen de Ortega y Murillo le impidió regresar de un viaje al exterior, ha encontrado en las diversas academias nacionales de Iberoamérica un claro respaldo. Estos organismos, que no suelen pronunciarse sobre temas políticos, han terminado por ser foros para denunciar la persecución en Nicaragua.

«Esta dictadura no logrará de un plumazo borrar el aporte que la academia ha significado para el país. Llora Rubén Darío (el más emblemático escritor nicaragüense)», comentó Gioconda Belli.

Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), dijo que se sentía «desolado». A su juicio, «no es ya una agresión a una libertad, la de asociarse o de opinar. Es cortarle la lengua a la gente e ir un paso más allá en la opresión. Es intolerable desde cualquier punto de vista».

La razzia contra las organizaciones cívicas de Nicaragua se inició en 2018; sin embargo, ha sido una estrategia predominante en este 2022. En los primeros cinco meses fueron anuladas 282 entidades a las que se sumarían las 96 anunciadas para este 2 de junio, según Confidencial.

El tema no generó ningún debate en el Parlamento. Los legisladores se limitaron a escuchar la lectura del decreto presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, y automáticamente procedieron a aprobarlo en lo general, con 75 votos a favor y 16 en contra. En el momento de la discusión en lo particular tampoco hubo comentarios de los diputados.

Consultado por DIARIO DE CUBA el politólogo Piero Trepiccione, coordinador de la red de organizaciones sociales de la Compañía de Jesús en América Latina, compuesta por 38 ONG dedicadas a la promoción y desarrollo social, condenó el cierre masivo de organizaciones en el país centroamericano, afirmó: «Estas medidas tomadas por el Gobierno de Ortega afectan severamente la democracia, la libertad de asociación y en general los derechos humanos».

Entretanto, un reciente informe del Observatorio para la Tortura concluyó que en Nicaragua la justicia es utilizada como instrumento de una «política de represión», en contra de los opositores y disidentes. Según este reporte, al menos 66 personas fueron arrestadas y condenadas en el contexto de unos cuestionados comicios en los que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fueron reelegidos como presidente y vicepresidenta, respectivamente, en noviembre de 2021.

El régimen de Ortega y Murillo utiliza «el Poder Ejecutivo como un órgano de represión y criminalización a las personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos», concluye el informe de la ONG.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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