El régimen niega que las protestas en Cuba sean ejercicio de un derecho y avisa que actuará con dureza

Acusa a padres que involucraron a menores en las manifestaciones de haber puesto a sus hijos ‘en situaciones o estados de peligro’.

Protestas en Cuba en el programa de la televisión oficial Hacemos Cuba. HACEMOS CUBA/CANAL CARIBE

El régimen cubano reiteró que actuará con todo rigor para evitar futuras manifestaciones de descontento popular en el programa de la televisión estatal Hacemos Cuba, en el que su conductor, el vocero Humberto López, calificó las protestas generadas a raíz del paso del huracán Ian como hechos delictivos que «perturbaron la tranquilidad ciudadana y el orden público».

El vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo de la Rosa, consideró que los hechos, divulgados por la propia Fiscalía el pasado 14 de octubre, atacan diversos bienes jurídicos, como el orden público y la tranquilidad ciudadana, que consideró «relevantes para el derecho penal» y que «en el Código Penal aparecen como figuras delictivas, como conductas antijurídicas y punibles», publicó el diario oficial Granma.

Sin entrar en cifras de investigaciones abiertas o sospechosos y, como ya hizo la Fiscalía en su primer comunicado amenazante, el funcionario dijo que se están estudiando presuntos delitos «relacionados con el incendio de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, las agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden y la incitación a la violencia«. 

Caraballo negó que las protestas—aunque en ningún momento se refirió a ellas como tal y la mayoría se han desarrollado de manera pacífica— fueran «la manifestación de un derecho constitucional, relacionados con el derecho a reunirse, a asociarse y a manifestarse» y acusó a «medios enemigos» de crear una «matriz de que se investigan hechos que no son constitutivos de delito».

«Nada más lejos de la verdad, es falaz, porque los hechos en investigación tienen que ver con el reclamo de manera violenta, con ofensas, en grupo, con agresiones, daños a las propiedades y también, en casos muy graves para nosotros, se emplearon menores de edad», dijo el vicefiscal de un régimen que sistemáticamente utiliza a niños en actos políticos.

«Las personas tenemos derechos reconocidos en la Constitución a manifestarnos y protestar, a hacer reclamos a las autoridades. Eso es legítimo; a lo que nadie tiene derecho es a realizar ese reclamo afectando el derecho de los demás«, dijo.

Según el vicefiscal, «el Artículo 45 de la Carta Magna ubica con suma claridad los límites de los derechos de las personas«.

«El ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado, en primer lugar, por el derecho de los demás», insistió.

Puso de ejemplo el cierre de las vías, que «provoca afectaciones a la circulación vial y a los usuarios de estas, a los vecinos del barrio o de la comunidad, que tienen el derecho y la libertad de desplazarse sin obstrucción alguna hacia el trabajo, la escuela, o a salir para recrearse».

«Antes de la comisión de estos hechos, tales acciones estaban tipificadas como delito en la ley penal vigente. No se modifica ni se crea nada», dijo.

Sobre las «acciones de prevención contra padres que involucraron a menores«, Caraballo dijo que «no es admisible que nuestros menores sean puestos en situaciones o estados de peligro».

«La Fiscalía ha preferido interactuar con esos padres para también exigir que cumplan con su responsabilidad parental, con las obligaciones que les corresponden, según lo observado en el nuevo Código de las Familias y otras disposiciones jurídicas que garantizan el derecho de esos menores a crecer en una sociedad como la nuestra, que pone en su centro de atención a los menores de edad», afirmó.

El grupo de monitoreo de detenciones por motivos políticos Justicia 11J condenó recientemente la represión a manifestantes amenazados a través de instancias de la ley y medios oficialistas. Recordó el derecho a la protesta de toda la sociedad y de las madres, en particular, como mecanismo de reclamo ante la ausencia de garantías básicas

«Ante la inminente posibilidad de denuncias a las madres, nos ofrecemos como intermediarias con otras plataformas de ayuda, que podrán brindar asesoría especializada y conexiones con abogados», señaló.

El vicefiscal defendió el derecho del régimen a llevar al ámbito penal a los cubanos que se manifiestan hastiados de las penurias agudizadas por los apagones y que piden responsabilidades a las autoridades.

«Que un Estado responda con acciones de investigación a hechos de este tipo, registrados en circunstancias semejantes, no es nada excepcional», dijo el vicefiscal. «Hay principios dentro del derecho procesal penal que estamos obligados cumplir, como que la persecución de los delitos es pública y obligatoria, según lo establece nuestra ley».

Sobre «los medios probatorios que se están acopiando», el vicefiscal general lo inscribió dentro de una ley de proceso penal que «es garantista, que da derechos y garantías a las personas —no solo a los imputados, también la víctima del delito— y obliga a la Fiscalía y a otros órganos como la Policía Nacional Revolucionaria o el Órgano de Instrucción Penal, a aportar la carga de la prueba necesaria para demostrar la comisión del hecho y la responsabilidad o no de los imputados».

Dijo que las imágenes que aportan los videos son un elemento importante en tal sentido, pero no el único.

«Son varias las imágenes, se pueden utilizar, son un referente importante, porque, además, a través de muchas de estas, podemos demostrar fehacientemente la identidad de una persona», añadió el vicefiscal. Dijo que estas imágenes «son sometidas a procesos científicos, de peritaje, demostrativos de que son legítimas, para garantizar la licitud de esa prueba dentro del proceso penal».

Según Caraballo, además de las imágenes, apelan a «declaraciones de testigos, de imputados, de terceros o lo que se conoce en el argot jurídico como piezas de convicción: todos aquellos elementos que permiten demostrar la ocurrencia del hecho, por ejemplo, el instrumento o el medio empleados para la comisión del delito, como puede ser el celular usado para grabar una imagen determinada».

En una protesta duramente reprimida en el Vedado, La Habana, el pasado 1 de octubre, la artista Rosmery Almeda Tapia, conocida como Alma Poet y hoy en su casa bajo fianza, fue detenida por grabar lo que sucedía. Según dijo su familia, está en un grupo de acusados de desacato y resistencia.

El proyecto independiente de periodismo de datos Inventario ha registrado 92 protestas desde el pasado 29 de septiembre en 11 provincias. Justicia 11J ha registrado 52 detenciones a raíz de las protestas desencadenadas el 29 de septiembre en Cuba de las que una veintena permanecerían bajo arresto, según sus propias verificaciones.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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