El régimen en Cuba busca la internacionalización de su represión

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La elite de poder en Cuba declara la extraterritorialidad de su Código Penal.

Oscar Manuel Silveira Martínez, ministro de Justicia del régimen cubano. PRENSA LATINA

Supongo que algo así sucedió: La elite de poder militar los convocó y les dijo: «Ustedes, a quienes hemos investido de jueces, abogados y fiscales, dígannos con urgencia qué podemos hacer ahora que las protestas no solo crecen dentro de la Isla, sino que también los cubanos en el exterior han convertido las redes sociales en un Escambray digital».

Y los complacientes funcionarios respondieron: «Convirtamos en extraterritorial nuestro Código Penal«. Y todos saltaron de entusiasmo ante semejante despropósito.

Después de todo, se trataba solamente de elevar a ley lo que se venía haciendo hacía tiempo en la práctica. ¿Acaso no monitorean de forma sistemática a los cubanos residentes en el exterior y, si no les agrada lo que piensan y dicen, los castigan negándoles el regreso a la patria, deteniéndolos en alguna visita o negándoles luego la salida de Cuba para retornar a los países donde residen? ¿No fue eso lo que hicieron hace poco con una joven periodista que regresaba de una beca en Costa Rica y con otro cubano que vive en Uruguay? ¿No han intentado antes secuestros y asesinatos de disidentes en terceros países? ¿No han infiltrado espías en organizaciones de exiliados en el exterior?

Lo nuevo aquí es el desparpajo. Antes lo habían hecho de forma aislada, sin mucho alboroto, con algún emigrado que visitaba la Isla. Ahora declaran oficialmente que el Código Penal —racionalización jurídica de todas las violaciones de derechos humanos en Cuba— tiene alcance extraterritorial. Pero, ¿no habían repetido hasta el cansancio que la Ley Helms-Burton era inaceptable precisamente porque — a su juicio— pretendía ser extraterritorial?

¿Qué significa esto? Cualquier cubano, en cualquier lugar del planeta y aunque tenga otra ciudadanía, será vigilado, juzgado en ausencia y ¡sancionado! por «delitos» que pueden ser el simple ejercicio de las libertades de opinión, asociación, expresión, y cualquier otra. Derechos que están protegidos constitucionalmente en los países donde residen, pero que constituyen delitos en Cuba, en especial si se ejercen en contra de la ideología oficial.

La ley, en su extraterritorialidad, otorgará al Estado cubano la potestad «legal» de espiar y vigilar en otros países a los emigrantes así como perseguirlos y sancionarlos ¡en ausencia!

Veamos. La extraterritorialidad represiva, que antes ejercían de hecho pero ahora se declara de manera formal, hace a los cubanos susceptibles de ser condenados en ausencia (o sea sin saber siquiera de qué están siendo acusados, procesados y sancionados, sin tener derecho a una defensa). Y la causa puede deberse a haber incurrido, fuera de Cuba, en supuestos delitos cometidos en países que, por el contrario, los reconocen y protegen como derechos humanos universales.

De ahí, a arrogarse también el derecho a secuestrar o ejecutar a un emigrante en otro país hay solo un paso. Por cierto, que el intento de secuestrar y asesinar exiliados es otra práctica que ha ejercido el Gobierno cubano en diversos países, aunque de forma selectiva, en el pasado. Pero antes no se pretendía justificar esos actos delincuenciales, injerencistas y extraterritoriales con sus propias leyes. ¿Querrán ahora «normalizarlos» para incrementarlos? ¿Es que la estulticia predominante entre los que ejercen el poder no les permite ver las consecuencias internacionales de esa decisión?

El anuncio puede ser interpretado de forma benigna, como otra fanfarronada intimidatoria, o tomárselo  en serio y atribuirle la gravedad que merece. Lo segundo es más aconsejable.

Todas las sociedades abiertas y democráticas deben condenar esas declaraciones y, por ridículas que se le antojen, deben dejarle claro a La Habana que no permitirán el espionaje ni acciones extraterritoriales contra sus residentes y ciudadanos, por ejercer derechos protegidos en sus leyes y por los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Tanto la Administración Biden como la Unión Europea (UE) deben tomar muy en serio este desafío a su soberanía de parte del régimen cubano. Los cubanos, por su parte, deben pensárselo tres veces antes de ir de turistas a Cuba mientras el Gobierno no se retracte de sus pretensiones extraterritoriales. Sus familiares los extrañan, pero los preferirían libres. También debieran movilizarse para exigir que Cuba acabe de reconocer los pasaportes emitidos donde residen, y los derechos que les otorgan esas nuevas ciudadanías.

Las declaraciones deben tener consecuencias. De inmediato se impone detener cualquier forma de empoderamiento financiero a un Gobierno que, además de estar en estos instantes desarrollando una ola represiva a escala nacional y tener secuestrado al artista Luis Manuel Otero Alcántaraha declarado formalmente su derecho a cometer delitos extraterritoriales de espionaje y ejercer la represión contra cubanos que hoy son residentes y ciudadanos en otros países.

La innovación jurídica cubana representa una amenaza personal a los cubanos en el exterior y una ofensa inaceptable a la soberanía de los países de la comunidad internacional donde residen. No debe ser ignorada.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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