El líder opositor José Daniel Ferrer es condenado a cumplir cuatro años de prisión por violar “los requisitos de limitación de libertad”

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García, acaba de ser condenado a cumplir con los 4 años y 14 días de prisión que le restan de una sanción hecha en 2020, por haber violado los requisitos de limitación de libertad.

De acuerdo con el dictamen judicial que fue divulgado este lunes, la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular (TPP) revocó la sanción previa que se le había impuesto a Ferrer, cumpliendo con la solicitud del Juez de Control, Atención e Influencia del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba.

Ferrer había sido condenado a 4 años y 6 meses de cárcel en juicio oral el 26 de febrero de 2020, condena que le fue conmutada por limitación de libertad, y la que sustituía a otra previa de “lesiones y otros delitos”.

La revocación de la medida fue resultado de que Ferrer y su hijo participaran en la histórica ola de protestas populares masivas del pasado 11 de julio en toda Cuba.

La anulación no afectará la nueva condena que recibirá Ferrer por delitos de desórdenes públicos por su participación en las manifestaciones.

El documento difundido explica que Ferrer tendrá que cumplir el resto de la sanción en el centro penitenciario que el Ministerio del Interior (MININT) determine conveniente, pero la apelación a la decisión puede ser presentada en los 3 días siguientes a su notificación (entregada este lunes).

La decisión de revocar la medida fue tomada por considerarse que el opositor no se incorporó al trabajo, mantuvo “una actitud contraria a los requisitos” que debía cumplir, asumió “comportamientos incorrectos y desafiantes a la autoridad”, y está siendo procesado en el expediente de fase preparatoria 128-2021 por desórdenes públicos (con medida cautelar de prisión provisional).

El proceso ha violado así el derecho de presunción de inocencia que hasta la Constitución cubana estipula.

Los términos para conceder la limitación de libertad, según el Código Penal, son “no cambiar de residencia sin autorización del tribunal; no ser elegible para ascensos ni aumentos de salario; comparecer ante el tribunal cuantas veces sea llamado a ofrecer explicaciones sobre su conducta, y observar una actitud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia socialista”.

Las leyes que incumplió Ferrer no fueron precisadas por la Sala Tercera de lo Penal del TPP, limitándose a justificar que “ha sido objeto de varias detenciones por la Policía Nacional Revolucionaria ante el comportamiento inadecuado del sancionado en la vía pública y contra esta autoridad”. Los jueces actuantes fueron Yoanis Chávez, Angélica Maurelo, Rudelis Ramos, Alexander Duvalón y Juan Carlos Stable.

El requisito legal incumplido de “observar una actitud honesta hacia el trabajo” no debe recaer únicamente en que no este incorporado a actividades laborales, pues nadie le da empleo y el trabajo por cuenta propia no está dentro de sus posibilidades.

Los familiares del líder disidente pidieron solidaridad a los gobiernos democráticos del mundo en aras de encontrar para Ferrer justicia y una salida a la crisis del país. Recalcaron que aún no cuentan con información certera sobre su retención.

TOMADO DE CUBACUTE

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