El Gobierno cubano culpa a los repetidores de redes móviles de bloqueos e interferencias en las comunicaciones

Las autoridades cubanas dicen que la utilización de estos equipos en Cuba es ilegal.

Un cubano conectado a internet. FERNANDO MEDINA CUBADEBATE

El Gobierno cubano culpó a los repetidores de redes móviles de fallos en las comunicaciones en el país y recordó que la utilización de estos equipos es ilegal de acuerdo con el Decreto Ley 35informó el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM).

De acuerdo con la institución, estos equipos conocidos también como «amplificadores de cobertura» o «amplificadores de señal 4G» no se comercializan en el país, por lo que su uso es ilegal.

«Caídas, bloqueos e interferencias de las llamadas están entre las principales situaciones ocasionadas por estos dispositivos», dijo el MINCOM en el comunicado. Los cubanos suelen usar esos equipos para llevar la señal 4G a lugares donde no llega.

La institución alegó que la prohibición del uso de estos equipos se debe «a la necesidad de ordenar el espacio radioeléctrico, que constituye un recurso limitado, inalienable, e imprescindible para el desarrollo de los modernos sistemas de radiocomunicaciones que integran las redes de telecomunicaciones nacionales e internacionales del país».

El Decreto Ley 35 provocó un gran revuelo tras su publicación debido a que restringe la libertad de expresión en internet, por lo que diversas instituciones internacionales de derechos humanos pidieron al Gobierno cubano su derogación.

Incluso relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dijeron que el mencionado decreto puede socavar derechos a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y a las actividades de periodistas, defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil en general.

Los relatores recomendaron a las autoridades cubanas que modifiquen las disposiciones del «Decreto de Ley 35 sobre las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico» y de su reglamento, establecido en el Decreto No. 42 y la Resolución 105/2021, «con el fin de definir de forma estricta y limitada los contenidos que pueden ser restringidos, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos».

Numerosos activistas y opositores cubanos han sido multados hasta con 3.000 pesos por violar lo dispuesto en el Decreto Ley 35.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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