Comienzan los cortes del servicio eléctrico por impagos a familias de Santiago de Cuba

‘Nos hemos acostumbrado a que el Estado nos subsidie la vida, y eso ya es diferente hoy’, dice el director general de la Empresa Eléctrica en la provincia.

Barrio Camino de la Isla, de Santiago de Cuba. DDC

Sentada en el Parquecito del Fuerte, Haydelín observa la ciudad de Santiago de Cuba y se siente «un muerto sin doliente». A la carestía de la vida y los retos que asume como madre soltera, se añade el corte del servicio eléctrico en la cuartería donde vive, en el reparto Mariana de la Torre.

En La Ceiba, ubicada en un lateral de la Plaza de la Revolución, Maricela «se explayó» y puso un candil en medio de la calle; mientras que en Chicharrones, Leonor calentó el barrio vociferando desde la patrulla que se la llevaba que es un crimen «mantener al pueblo con hambre, lleno de epidemias y sin luz en las casas«.

Con su carga de angustias a cuestas, Marcos señala al Gobierno y maldice a la «Tarea Ordenamiento», porque en el Camino de la Isla, zona marginal donde residen sus abuelos, medio centenar de familias permanecen a oscuras, cocinan con leña y hasta que no abonen el adeudo tendrán que espantarse los mosquitos con sahumerios y manotazos.

En Los Cocos y el Callejón del Brete —áreas colindantes con la Universidad de Oriente— el Estado retiró las tendederas ilegales y la Policía intervino para controlar a quienes alegaban que resultaba «arbitrario» multarlos y exigirles «el pago por un consumo sobrefacturado», que por lo general acaba en los bolsillos de los que alteran los metrocontadores para reducir el gasto y esquivar al Estado.

«Estos tipos son unos sinvergüenzas. El que me cortó la corriente, fue el mismo que por 1.500 pesos conectó el taller de mi sobrino al alumbrado público», manifestó Prudencio en uno de los solares de San Pedrito.

A Duma y otros vecinos de Venceremos los sujetaron para que no agredieran al cobrador de la Empresa Eléctrica, que cumplía indicaciones pese a comprender que «a los núcleos de menos ingresos no les alcanza el dinero para pagar el consumo, incluso sin los incrementos de la tarifa que entrarán en vigor a finales de enero».

«Se acabaron el pan de piquito y las gratuidades», fue la respuesta que recibió Elvira cuando llamó al puesto de mando para negociar su deuda e intentar sufragar el monto de forma escalonada. «Al final, desconectaron el contador y quedé más aturdida por el insulto y los maltratos que por la falta de dinero».  

En medio de su desesperación Marilyn explicó a DIARIO DE CUBA que ni con los 1.000 pesos que le prestó su empresa le alcanza para comprar la canasta básica, mantener a sus hijos, pagar las tres facturas atrasadas y adquirir las medicinas de su madre, postrada y con una pierna amputada.

«La reforma monetaria ha complicado la vida de los jubilados», dijo Freddy al salir del banco. «El que formó los precios de la nueva tarifa eléctrica no previó que, en el mejor de los casos, nos endeudaba y, en el peor, acababa con nuestros ahorros y nos dejaba con una mano atrás y otra delante».

Medidas drásticas

En otra arista del problema, la Unión Eléctrica asegura que la cadena de impagos mantiene contra las cuerdas su nivel de operaciones, el pago a los trabajadores y la vitalidad de la empresa.

Héctor Sánchez, funcionario del sector, explicó en la radio local que, a raíz del período de gracia con que el Estado aplazó el pago de las facturas durante el año pasado, debido a la pandemia de Covid-19, los más de 350.000 clientes del sector residencial en Santiago de Cuba acumularon una deuda 6,9 millones de pesos.

Para revertir esa situación financiera se puso en práctica un cronograma de recaudación, que incluyó la extensión de los horarios de las oficinas comerciales y otras «facilidades» a través de las plataformas digitales.

Como resultó insuficiente, las autoridades locales aplicaron la Ley eléctrica y procedieron a cortar la luz a 8.800 viviendas, lo que en su momento el pueblo calificó como «apagones selectivos» contra las personas vulnerables.

Tal situación disparó las protestas, que se habían mantenido de forma intermitente desde que Miguel Diaz-Canel anunció la «situación coyuntural», por la demora en la llegada de petróleo desde Venezuela.

A mediados de diciembre se logró recaudar cerca del 50 por ciento de la deuda y, bajo la lupa inquisidora del sector energético, quedaron unos 3.500 clientes de Palma Soriano, Contramaestre y el municipio cabecera, quienes tenían que abonar otros cuatro millones de pesos antes del cierre de 2020.

Liliana Rodríguez, especialista de la Empresa Eléctrica, declaró que la «nueva normalidad» y la necesidad de cubrir el salario de los trabajadores obligarían a tomar medidas drásticas en 2021, como la de retirar el servicio a los deudores y eliminar las ilegalidades existentes, informó al periódico estatal Sierra Maestra el 25 de diciembre.

La funcionaria reconoció los problemas con los estimados de consumo, «que afectan a las familias y generan insatisfacciones».

Mientras el debate sobre la segunda oleada de cortes subía de tono, Leonel Ruiz, director de la empresa en Santiago de Cuba, se limitó a decir: «Nos hemos acostumbrado a que el Estado nos subsidie la vida, y eso ya es diferente hoy», publicó Sierra Maestra el 16 de enero. No tuvo en cuenta que, tanto la tarifa eléctrica como el resto de las medidas de la «terapia de choque» a la que el Gobierno llama «ordenamiento», llevan a economía a un callejón sin salida.

Tomado De DIARIODECUBA

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