Cuba

Comienzan en Cuba los juicios sumarios contra los manifestantes arrestados durante las manifestaciones del pasado 11 de julio

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Desde el lunes de esta semana comenzaron los juicios sumarios a los arrestados durante las manifestaciones del pasado 11 de julio en varias provincias de Cuba. Según las leyes cubanas, se trata de un procedimiento de “atestado directo, una versión expedita de un juicio sumario, en el que el acusado no tiene derecho ni acceso a un abogado.

“Se denomina atestado directo porque se pasa de la investigación policial, sin acusación fiscal ni proceso, a la vista oral”, indica un informe publicado por

Es la policía, el instructor policial, y no la Fiscalía, quien maneja las riendas del proceso de principio a fin. El objetivo perseguido es constituir “un método y una vía, ágiles y expeditas, de dar curso legal a los asuntos que se tramitan dentro del procedimiento sumario en los tribunales municipales”. Es decir, es el proceso sumario elevada la inmediatez y las carestías de defensa efectiva y debido proceso a la enésima potencia.

La Ley de Procedimiento Penal en Cuba permite este proceso para acusaciones compuestas por varios delitos cuya pena sea de un año o inferior, no importando si la suma de todos los delitos es, por poner el caso, cinco o más años.

La policía inicia, interviene y controla todo el proceso, incluso el señalamiento de la fecha del juicio. La Policía decide, sola, que la investigación está concluida, y puede hacerlo en cuestión de minutos/horas, lo que tarde en tomar declaración al policía, y/o testigos y/o acusado, que además todos son prescindibles. Un solo policía como testimonio acusatorio sirve de base para iniciar este proceso.

Sin intervención fiscal ni acusación formal fiscal, la Policía indica al juez que el proceso será por atestado directo y fija el señalamiento de vista oral con el juez, sin que el fiscal, ni abogado, ni acusado estén presentes o conozcan la causa en dicha reunión.

Ya con la fecha de juicio fijado, el policía hace un informe resumido acusatorio (expediente) para la Fiscalía, quien tiene el deber de remitir el informe al tribunal (cuando ya la vista oral está fijada), y decidirá entonces si participa o no en el juicio oral. El fiscal puede optar por no participar, y el juicio seguirá adelante sin él. No existe la acusación fiscal siquiera en estos juicios.

El acusado recibe una citación para el juicio breves horas antes del mismo. Si tiene tiempo y posibilidad (tiene sólo unas horas para ello), contrata abogado. Si no, el juicio se celebra sin abogado defensor. El abogado solo puede ser nombrado el mismo día del juicio y acceder de conjunto con el acusado al expediente y pruebas una vez iniciado el acto del juicio según lo establecido en el artículo 374 de la Ley de Procedimiento Penal.

El acusado no accede jamás al expediente acusatorio. Si no hay abogado nadie tiene acceso al Expediente. Si hay abogado, solo ve someramente el expediente, escasos minutos antes de la vista. Al acusado le interroga el juez, quien dicta sentencia de forma directa y oral. No habrá Acta de Sentencia, al igual que en todos los juicios sumarios, pues como indica la Ley de Procedimiento Penal art. 374.8.e), ‘el acto de pronunciar la sentencia implica el de su notificación.

El abogado (si lo hay) accede al expediente sólo en la vista oral, unos minutos antes. Al examinar la prueba, en esos minutos, puede solicitar pruebas adicionales de forma oral, en la vista, pero el tribunal puede negarlas oralmente también sin que sea mandatorio aceptar la diligencia de pruebas, hecho que es, además, lo habitual, pero es lo que ocurre en el 100% de los casos afectados por causas de conciencia o políticas, como estas.

El acusado solo tiene derecho a declarar sobre el motivo del presunto delito, impidiéndosele el acceso a las pruebas contra él. Declara y “se defiende” sin conocer las pruebas en su contra. Se dicta sentencia con gran inmediatez. La sentencia es oral, no escrita, y por tanto no se entrega copia al acusado, lo que lógicamente impide de facto posibilidad alguna de defensa efectiva. La notificación de la sentencia es oral el mismo día del juicio o, a más tardar, el día siguiente según los dispuesto en el apartado 8 del artículo 374 de la LPP. Se desconoce, por tanto, las valoraciones de prueba que hacen los miembros del tribunal, acción que hace oscuro el proceso e impide la defensa efectiva en el potencial recurso de apelación.

El Gobierno cubano ha criminalizado las protestas, tachando de delincuentes a los manifestantes y desvirtuando la naturaleza de estas, marginalizando así las demandas que se sumaron al clamor popular de libertad.

La cifra hoy de detenidos que roza más de 400 personas (más de 500 según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos) es preocupante, y entre toda la diversidad de quienes ahora se encuentran privados de libertad están jóvenes artistas y emprendedores que lideran el espacio público y son importantes referentes de muchos de las y los jóvenes hoy detenidos y sujetos a probable juicio.

TOMADO DE CUBACUTE

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