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Un soldado de la Fuerza Aérea Colombiana es fotografiado mientras mantiene una posición de alerta a bordo de un helicóptero blackhawk . Imagen de archivo. © AFP – JOAQUIN SARMIENTO

Como «máquinas de guerra», así describió el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, a los menores reclutados por grupos armados para justificar el uso de la «fuerza legítima» en su contra. Unas polémicas declaraciones que han alarmado al país, después de que organizaciones denunciaran la muerte de menores en un bombardeo del Ejército. 

Las denuncias sobre la muerte de menores de edad en un bombardeo del Ejército colombiano contra un campamento de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC han vuelto a poner en jaque al Gobierno de Iván Duque. Desde primera hora de la mañana de este 10 de marzo comenzaron a circular las informaciones en los medios de comunicación colombianos, a raíz de unas denuncias por parte de organizaciones sociales y familiares que no se identificaron públicamente.

Aunque el Gobierno no confirmó la muerte de estos menores en su ataque y las fuentes de la denuncia siguen siendo anónimas, la indignación popular llegó por las declaraciones que hizo al respecto el ministro de Defensa del país, Diego Molano. 

El recién nombrado ministro dejó patente con sus comentarios que al Estado colombiano está dispuesto a usar la fuerza contra menores de edad, pese a ir en contra del derecho internacional humanitario.

“Tengo absoluta claridad que lo que hacen las disidencias de las FARC y lo que hicieron las FARC fue preparar máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana”, dijo Molano, exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en una entrevista en la radio local RCN, después de ser interrogado sobre la posibilidad de que hubiera menores en el reciente bombardeo de la aviación colombiana.

Unas declaraciones con las que el ministro justificó el “uso legítimo de la fuerza” contra menores víctimas de reclutamiento forzoso por grupos ilegales al compararlos con “máquinas de guerra”.

Doce personas mueren en el bombardeo del Ejército

Recapitulando sobre los hechos en los que se basa la polémica, el pasado 2 de marzo la Fuerza Área del Ejército Nacional llevó a cabo un bombardeo sobre una base de un grupo armado cerca del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, al sureste del país.

La operación militar concluyó con la muerte de doce personas, como anunció el Ejército, entre las que habría jóvenes menores de edad. El principal objetivo del ataque era Miguel Botache, conocido como alias Gentil Duarte, exintegrante de la ya extinta guerrilla de las FARC, grupo rebelde que en 2016 firmó el acuerdo de paz con el Gobierno nacional y procedió a dejar las armas para integrarse en la política colombiana.

Este miércoles, varios grupos de derechos humanos ofrecieron información al excandidato a la alcaldía de Bogotá y periodista, Hollman Morris, que durante una transmisión en su programa de Youtube denunció que “aproximadamente 14 menores de edad” habrían fallecido en el bombardeo. “Hemos podido establecer que hay tres menores heridos en el hospital de San José de Guaviare, que aquí en la morgue de Villavicencio hay alrededor de tres cadáveres identificados de menores de edad y que hay otros sin identificar”, aseguró Morris.

Lo cierto es que Medicina Legal descartó las declaraciones de Morris, que habían sido apoyadas por el senador Roy Barreras, pero admitió que entre los muertos en el bombardeo hay una joven menor de 16 años. El instituto también dijo que la mayoría de los diez cuerpos que han recibido no han podido ser identificados: “Un equipo interdisciplinario, conformado por médicos forenses y otros especialistas, asumió la necropsia y el proceso de identificación de los cuerpos”.

Mientras tanto, varias familias se habrían trasladado a la capital del departamento en busca de respuestas sobre sus hijos. Al menos dos menores fueron detenidos durante el operativo y se encuentran bajo custodia del ICBF en San José del Guaviare, según informó el Ejército la semana pasada.

¿Por qué el ministro de Defensa respondió defendiendo el uso de la fuerza contra menores reclutados?

En un maratón por las radios y medios locales colombianos, el ministro de Defensa Diego Molano justificó en varias ocasiones sus controvertidas declaraciones: “la información es que había (…) jóvenes que habían sido preparados como combatientes y que estaban planeando y desarrollando acciones, y que hacen parte por supuesto de la posibilidad que se tiene, con el derecho internacional humanitario, de desarrollar operativos en contra de ese tipo de campamentos”, dijo Molano. Según el derecho internacional humanitario, los menores de edad en grupos armados deben ser protegidos y no atacados. 

Molano continuó criminalizando a los menores: “no estamos hablando de jóvenes que no sabían lo que estaban haciendo” y tachó las denuncias de Morris de “ilegítimas”. A partir de esto, se inició un fuerte debate en gran parte de la sociedad colombiana, que condena el uso de la fuerza contra menores en situación de vulnerabilidad en un país todavía sumido en un conflicto armado entre grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y las fuerzas de seguridad.

«Se presume que cuando los niños y niñas han sido vinculados a un grupo armado es porque ha habido reclutamiento forzado», explicó a EFE la directora de la organización especializada en infancia Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Olga Silva, añadiendo que los menores “no solamente cuando están desvinculados, sino cuando están vinculados deben ser reconocidos como víctimas justamente porque el reclutamiento forzado es un crimen”.

¿Qué dice el Derecho Internacional Humanitario?

El reclutamiento de menores de 15 años constituye un crimen de guerra según el Estatuto de Roma. El Código Penal Colombiano –Artículo 162– nombra como delito el reclutamiento ilícito de menores de 18 años, siendo estos considerados como niños soldado.

El DIH prohíbe en su Protocolo II que los menores de quince años sean reclutados o participen de hostilidades de grupos armados y, pese a que pueden ser blancos legítimos, cuentan con una mayor protección que los adultos.

“Si los niños menores de quince años participaran, a pesar de todo, directamente en las hostilidades y cayeran en poder de la parte adversa, seguirían gozando de la protección del presente artículo, sean o no prisioneros de guerra. (…) No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de dieciocho años”, reza el texto del DIH.

Por ende, los menores deben ser reconocidos como víctimas, partiendo de las leyes humanitarias internacionales y colombianas. «Si el Gobierno sabía que ahí podía haber niños, lo correcto a la luz del Derecho Internacional Humanitario es que, por el principio de precaución que opera en el derecho humanitario, no debería haber bombardeado», dijo a EFE el abogado y exrepresentante de la Cámara Alirio Uribe.

«Grave infracción al Derecho Internacional Humanitario»

El conocimiento de menores en el campamento antes del bombardeo sería “una grave infracción al DIH” por parte del Ejército que igualmente decidió atacar, violando los principios fundamentales de prevención, distinción y precaución. «Lo que debió haber hecho la Fiscalía y las Fuerzas Militares era actuar para recuperar a estos niños, para rescatarlos de los grupos armados ilegales», consideró la letrada Olga Silva.

Pero muchos también critican que, de no haberlo sabido, la inteligencia colombiana está teniendo graves fallas puesto que el ataque se enmarcó en un fuerte operativo militar que se predisponía fuertemente organizado y planeado.

No es la primera vez que hay menores implicados en ataques de las fuerzas de seguridad, lo que ha reavivado los recuerdos del más reciente operativo llevado a cabo en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá en agosto de 2019, cuando la Fuerza Aérea bombardeó un campamento de disidencias de las FARC matando a ocho menores. Ese escándalo culminó con la dimisión del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Las justificaciones de masacres cometidas contra menores de edad amparándose en “la pertenecían a grupos criminales”, como también fueron muchos de los casos de “falsos positivos” –asesinatos del Ejército contra civiles durante la presidencia de Álvaro Uribe– continúan siendo una constante en Colombia, un país que sigue perdiendo a niños y jóvenes a veces en manos del mismo Estado que debería protegerlos.

TOMADO DE FRANCE24

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