Caso Fernando Bécquer: En Cuba, la ‘justicia revolucionaria’ ampara más al acusado que a las víctimas

En la práctica judicial, la sanción de limitación de libertad suele aplicarse a condenados muy mayores o con una discapacidad física que les impide trabajar.

El trovador oficialista cubano Fernando Bécquer. EL BÉCQUER DE CUBA/FACEBOOK

El trovador oficialista cubano Fernando Bécquer fue procesado y declarado culpable, casi un año después de que las primeras cinco mujeres lo denunciaran por abusos sexuales. La condena, de cinco años de privación de libertad, subsidiada por limitación de libertad, ya es exhibida como un ejemplo de «justicia revolucionaria» por los medios estatales de comunicación. La revista Muchacha, afirmó en su página de Facebook que «la violencia machista no ha quedado impune» y que «las mujeres no estamos solas». ¿Se hizo justicia realmente? ¿Puede afirmarse que no ha habido impunidad para el perpetrador?

Las reacciones en redes sociales de activistas y ciudadanos residentes dentro y fuera de Cuba reflejan una inconformidad generalizada con una sentencia que no implica internamiento. Por otro lado, resulta inevitable para muchos cubanos comparar el castigo de limitación de libertad para este hombre, hallado culpable de abusar de mujeres, con las largas penas de prisión e incluso la aplicación de medida cautelar de prisión provisional (la más severa de las medidas cautelares) para quienes participaron en las protestas del 11J, incluidos menores de edad.

Es imposible, sin contar con el documento de la sentencia, así como con las pruebas y las consideraciones que tuvo en cuenta el tribunal para ser tan benévolo con el acusado, emitir un juicio. Sin embargo, llama la atención que, mientras a muchos activistas, periodistas independientes y opositores se les amenaza con aplicarles el Código Penal que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y que criminaliza aún más el disenso en Cuba, no se esperó a esa fecha para juzgar a Bécquer.

Hay que señalar que, en materia penal, lo correcto es aplicar la ley vigente en el momento que se comete el delito, en este caso, los abusos sexuales de los que fue hallado culpable el trovador oficialista. La nueva ley penal solo se aplica si resulta favorable al acusado.

Pero dicho enfoque, al favorecer al acusado, se deja fuera la justicia y la protección que requieren las víctimas. De hecho, la publicación en Facebook de Muchacha apunta que «con la puesta en vigor en diciembre próximo del nuevo Código Penal, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 15 de mayo de 2022, se incrementa la protección a las víctimas, se actualizan figuras delictivas y aumenta la sanción a las diversas formas de violencia de género«.

La afirmación constituye un recordatorio de que el Código Penal aún vigente no contiene ningún artículo relacionado con la violencia de género y deja desprotegidas a las víctimas, como han quedado las cubanas abusadas por Bécquer.

Pero aún con la ley penal actual, el acusado fue sentenciado a cinco años de privación de libertad. ¿Por qué la sentencia subsidiaria de limitación, que implica llevar una vida prácticamente normal? 

Bécquer no está ni siquiera obligado a trabajar; o sea, puede cumplir la sanción de «limitación de libertad» sentadito en su casa, a diferencia de opositores cubanos que reciben una sanción que no implica internamiento, por ejemplo, el trabajo correccional sin internamiento, que, como el nombre indica, implica la obligación de trabajar.

En la práctica judicial, la sanción de limitación de libertad suele aplicarse a condenados muy mayores o con una discapacidad física que les impide trabajar. Con esta sanción se evita que luego la persona solicite una licencia extrapenal, ante la incompatibilidad de sus condiciones físicas o de salud con el régimen penitenciario. 

La limitación de libertad significa que Bécquer no podrá, en principio, salir del territorio nacional. Pero puede solicitar permiso para hacerlo, por razones justificadas, y recibirlo. De igual forma, podría viajar por las provincias para ofrecer conciertos, si pide autorización y la recibe. En La Habana, donde reside, podrá continuar actuando en lugares públicos.

Sí pierde, como cualquier sancionado, el derecho a votar en elecciones y referendos, y a ocupar cargos públicos, mientras extingue su sentencia, como sanción accesoria de privación de derechos.

Más allá de cierto escarnio público por la notoriedad que ha recibido el caso, la vida de Bécquer no se verá seriamente afectada. Por tanto, resulta difícil no interpretar la benevolencia del tribunal como un intento de dar por zanjado un asunto que ha causado revuelo en las redes sociales, proporcionar alguna satisfacción a las víctimas y vender la imagen de que el Gobierno cubano protege a las mujeres de la violencia machista. Todo ello, sin castigar con demasiada severidad —aunque lo merezca— a un defensor de la Revolución, al que más adelante se puede encaramar en una tribuna para que le cante a las bondades del régimen y al difunto Fidel Castro. 

Sin dudas, la sanción refleja una falta de proporcionalidad entre la gravedad de la imputación fiscal, las consecuencias lesivas a las mujeres y la pena. Es un caso que amerita apelación por parte del fiscal o revisión.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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