Burocracia, demora, corrupción: las penurias de los cubanos que se van y los que se quedan para hacer trámites

‘El que te dio el contacto te dice el precio y a esa persona solo le das el dinero, o al contacto y luego ellos se arreglan’, cuenta un cubano a la prensa oficial.

Cola en el Registro Civil del municipio Plaza de la Revolución, en La Habana. CUBADEBATE

El secreto a voces de las demoras, la burocracia y la corrupción que enfrentan en Cuba quienes necesitan realizar un trámite llegó a la prensa oficial. En la primera parte de un reportaje dedicado a las dificultades de hacer una diligencia en la Isla, el portal estatal Cubadebate recogió las historias de varios ciudadanos que hicieron algún tipo de gestión.

Una joven que quería divorciarse de esposo radicado en España y se vio sometida a una demora innecesaria por la ineptitud de una abogada, otro que quería poner la casa de su madre a nombre de ambos y uno que necesitaba legalizar documentos para salir del país, aparecen entre los entrevistados, bajo anonimato, del medio estatal.

El reportaje admite que el aumento de la emigración irregular en 2021 con respecto a 2020 —aunque sin mencionar el agravamiento de la crisis económica y social que atraviesa Cuba ni las políticas fallidas del Gobierno— ha traído consigo un incremento en trámites como las ventas de viviendas, la obtención de pasaportes, certificados de nacimientos, poderes notariales, solicitud de visados de tránsito, entre otros.

El texto también refleja la corrupción que existe en las oficinas donde los cubanos deben realizar las gestiones que necesitan. 

Según un entrevistado al que Cubadebate identificó como Alberto, antes de iniciar el trámite te cuentan la peor novela de horror y cuando le haces una propuesta de «arreglarse» te dicen que van a ver qué se puede hacer. Ese pago es a lo que ellos le llaman «ser gentiles».

«Por arriba, una inscripción de nacimiento te puede costar de 300 a 500 pesos, un poder legal de 1.000 a 2.000, compra/venta de vivienda 20 000, autos 10.000, movimientos migratorios 2.000 a 3.000 y la copia de poder 1.000. Pagas para que la gestión sea rápida y sin cola. El que te dio el contacto te dice el precio y a esa persona solo le das el dinero, o al contacto y luego ellos se arreglan», contó el entrevistado.

De esta corrupción está consciente incluso el delegado circunscripción 6 del Consejo Popular Rampa y vicepresidente del Consejo Popular, Pedro Lizardo Garcés, quien señaló a Cubadebate la existencia de un estado de opinión generalizado de que en la Oficoda se pagan, supuestamente 300 pesos, para obtener los duplicados cuando se pierden las libretas de abastecimiento, que después se utilizan para acaparar productos que se comercializan en la red de tiendas de Caribe y CIMEX. De acuerdo a Lizardo Garcés, no se ha logrado probar nada.

«¿Por qué no trasparentan la información de los núcleos familiares para actualizar la aplicación Cola.cu cómo hace falta en estos momentos?», cuestionó el delegado.

La solución definitivamente es la automatización de los procesos, afirma el reportaje antes de reconocer que tal solución choca con la obsolescencia tecnológica en un país donde existen oficinas que cuentan con una sola computadora.

Como suelen hacer las autoridades cubanas al hablar de los problemas que no logran solucionar en el país, el texto apeló al «sentido de pertenencia», la «sensibilidad, la empatía y ponerse en el lugar del quien espera semanas y semanas y tiene que ir de un lugar a otro para hacer un simple trámite».

La prensa oficial cubana no ha tenido más remedio que abordar las realidades de las dificultades para hacer cualquier diligencia, por un lado, y de la corrupción que impera en el país por otro.

Poco más de una semana atrás, Granma publicó que los recursos destinados a las víctimas del ciclón se vendían en el mercado negro y se exponían sin recato en las redes sociales.

El artículo puso en entredicho el trabajo del régimen y en específico de las denominadas oficinas de trámites, encargadas de cuantificar los daños y establecer prioridades para la asignación de recursos. El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) tuvo que reconocer que ese caso de corrupción no era solo uno aislado.

En agosto, la historia del holguinero Rosendo Rodríguez Torres, quien desde hacía ya más de nueve años reclamaba al Registro de la Tierra del municipio Urbano Noris y a la Delegación Provincial de la Agricultura los derechos que le asisten sobre una porción de tierra que perteneció a su difunto abuelo, llegó al medio estatal Juventud Rebelde

TOMADO DE DIARIODECUBA

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