Bielorrusia, Cuba y la brutalidad de los regímenes no democráticos

  • Categoría de la entrada:Cuba
  • Comentarios de la entrada:Sin comentarios

Lukashenko o Castro intentan acallar voces como las de Román Protasevich o Luis Manuel Otero Alcántara, pero no podrían enfrenar una dinámica de manifestaciones masivas.

El opositor bielorruso Roman Protasevich y el artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. REUTERS/EFE

La noticia de un avión comercial obligado a aterrizar mientras sobrevolaba Bielorrusia es significativa. Entre los pasajeros iba Román Protasevich, joven periodista bielorruso, director de una popular plataforma de redes sociales opuesta al régimen totalitario de Alexander Lukashenko. Protasevich fue arrestado y enfrenta ahora cargos que pueden llevarlo a la pena de muerte.

Aunque inusual, no es sorprendente la decisión bielorrusa de obligar a aterrizar al avión. La acción muestra cuán lejos pueden llegar los regímenes antidemocráticos en pleno siglo XXI, así como el poco valor que le otorgan a las leyes, tanto nacionales como internacionales.

Acciones de este tipo son parte de una estrategia defensiva que busca la supervivencia de un sistema a cualquier costo. Generalmente, se han clasificado en la literatura sobre la represión en cuatro categorías: 1) sanciones negativas, 2) uso de la fuerza, 3) coerción y, finalmente, 4) violencia por poder.

Todas estas acciones, desgraciadamente, están presentes en el contexto cubano.

Sanciones negativas y uso de la fuerza

La primera de las categorías anteriores, las sanciones negativas, ha estado presente desde los inicios mismos del régimen, e incluyen la restricción total de las libertades políticas y civiles: la prohibición absoluta de la protesta; la censura radical a los medios de comunicación públicos y la prohibición de los privados; el impedimento del flujo de información o el movimiento de personas; la prohibición de todo tipo de reuniones y organizaciones políticas; la puesta en práctica de acciones legales discriminatorias; la infiltración gubernamental de cualquier movimiento crítico o independiente; la utilización de agentes provocadores, el espionaje, la guerra psicológica u hostigamiento; la imposición de multas y la confiscación de recursos a personas y grupos que el régimen percibe como potenciales amenazas.

La segunda categoría, referente al uso de la fuerza, tiene una prevalencia importante en la Isla ante el aumento del descontento social y el surgimiento de una situación paradigmática que, por primera vez en años, plantea la posibilidad de un cambio de régimen. Esta categoría ha implicado el uso de la violencia física contra quienes el Gobierno considera como potenciales amenazas. El encarcelamiento, las golpizas y torturas, el abuso sexual y las desapariciones, los secuestros y los asesinatos, las ejecuciones, los atentados y las represalias físicas contra colegas o familiares de personas percibidas como enemigas, han sido parte del diapasón violento a disposición del régimen.

El uso indiscriminado de la fuerza bruta ha permitido que tiranos como Lukashenko y Raúl Castro hayan ordenado la neutralización —mediante el secuestro y la desaparición— de personas que perciben como vitales para la conformación de un frente antitotalitario. Tales personas son líderes emergentes que, en la lógica del sistema, deben ser destruidos bajo dos consideraciones. La primera sería la de terminar con la amenaza inmediata que representan para el Estado: una vez que esta amenaza es neutralizada, se elimina una variable importante, la de un probable liderazgo efectivo. Con la segunda consideración, se envía un poderoso mensaje a la sociedad: la ascendencia de nuevos liderazgos críticos solo puede conducir a la muerte (tanto física como social), la desaparición, la cárcel, y en el mejor de los casos, el destierro.

La dictadura cubana ha recurrido a acciones à la Lukashenko para eliminar a líderes surgidos desde movimientos críticos. La situación de Luis Manuel Otero Alcántara, con su secuestro y las terapias psiquiátricas a que puede estar siendo sometido, lejos de ser nueva, ilustra cómo el régimen cubano ha recurrido a prácticas criminales y violatorias de las normas más elementales de protección de los derechos humanos. El caso de la más reciente desaparición forzada de otro líder disidente, el rapero Maykel Osorbo, es también ilustrativa de esta dinámica, que parece extenderse y aplicarse con absoluta desvergüenza.

Los ejemplos de Alcántara y Osorbo, gravísimos, tienen antecedentes aún mas trágicos y oscuros que no serían únicos, pero que ejemplifican la naturaleza cruel y macabra de un régimen que ve amenazada su estabilidad: son las muertes de Laura Pollán, ex líder de las Damas de Blanco, quien falleciera en 2011 por una infección viral pulmonar (con una tasa de mortalidad menor al 1%) a los 63 años en el Hospital Calixto García, el mismo donde está secuestrado Otero; o de Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación y promotor del Proyecto Varela, quien al año siguiente falleciera en un accidente automovilístico bastante sospechoso, cuya investigación estuvo plagada de irregularidades, omisiones y violaciones básicas al proceso.

La coerción

La tercera categoría de acciones defensivas totalitarias es la coerción, que implica la intimidación o la amenaza del uso de la violencia: el régimen cubano ha amenazado sistemáticamente a sus críticos como política disuasoria, ejercida siempre como antecedente al uso de la fuerza.

La coerción ha sido aplicada, por ejemplo, contra los emigrantes, castigados con la prohibición de entrar al país si realizan actividades que la dictadura considera subversivas. Ahora, las amenazas a los emigrados han alcanzado una nueva dimensión con la declaración de extraterritorialidad de las leyes cubanas hacia aquellos que desde fuera de sus fronteras ejerzan acciones que la dictadura defina como peligrosas para su estabilidad. Esta nueva política de extraterritorialidad implica que residentes en el extranjero puedan ser juzgados en ausencia y condenados por delitos que resultan inexistentes en los países donde viven.

Esta aplicación extraterritorial implicaría entonces un reconocimiento tácito a acciones como la llevada a cabo por el régimen de Lukashenko, en la que cualquier avión civil comercial que sobrevuele uno de los corredores internacionales aéreos cubanos y que lleve a bordo a cualquier persona culpable de un delito extraterritorial, pueda ser obligado a aterrizar en la Isla. Además, también daría un viso de legalidad al secuestro de personas en el extranjero.

Violencia por poder

La cuarta forma de acción defensiva (violencia por poder) también ha sido muy utilizada por el Gobierno cubano. Desde 1959, las autoridades alientan o ejercen la violencia y la coerción a través de terceros contra los opositores políticos. En este caso, son grupos paramilitares, turbas violentas y vociferantes o escuadrones de agentes de la seguridad del Estado de civil quienes, sin órdenes judiciales ni identificación, realizan el «trabajo sucio» del Gobierno, mediante un poder ejercido desde «fuera» y por encima del propio marco legal, ya de por sí autoritario, del Estado.

La violencia por poder se ha ejercido de manera extendida, y constituye una forma velada de la segunda categoría de acciones defensivas del Estado no democrático, la fuerza bruta. El uso de grupos represivos que no representan de manera oficial o clara al Estado, pero que lo complementan, ha servido como una práctica más que usual para intimidar, golpear, deshabilitar física o psicológicamente, desaparecer, detener e incluso asesinar a sujetos percibidos como amenazas sustanciales.

Esta forma de violencia ha sido usada tanto dentro como más allá de las fronteras del país. Los tristemente célebres grupos de respuesta rápida que han actuado a golpes contra protestas espontáneas; las movilizaciones de personas hacia mítines de repudio contra disidentes o críticos desde los Comités de Defensa de la Revolución o desde centros laborales controlados por el Estado; las concentraciones de apoyo a la dictadura por grupos pro régimen en eventos internacionales, donde se ha llegado incluso a golpear a manifestantes críticos del Gobierno cubano; las detenciones arbitrarias de opositores por civiles sin identificación oficial ni órdenes de detención, y el secuestro de desertores en el exterior por comandos armados, entre otras acciones, son ejemplos de cómo el régimen ha empleado para ejercer su violencia a agentes bajo sus órdenes, sin que estos se hallen plenamente identificados como parte del Estado.

Hacia un movimiento masivo

El análisis de estas cuatro categorías de acciones ejercidas por regímenes à la Castro o à la Lukashenko, nos ayuda a entender la naturaleza de este tipo de sistemas antidemocráticos, pero también nos permite reflexionar sobre la necesidad de diseñar estrategias efectivas de resistencia que generen interacciones estratégicas sostenidas.

Tomando en cuenta que el objetivo de las élites totalitarias es evitar el surgimiento de liderazgos y movimientos opositores que conduzcan a protestas significativas y con cierta capacidad de organización, el periodo actual en Cuba —el más difícil y crítico en la lucha por la instauración democrática— puede conducir a un verdadero proceso de interacciones sostenidas con el Estado, donde se daría una combinación de represión, movilización opositora y concesiones parciales.

Bajo estos criterios, resulta imprescindible entender que el reforzamiento de acciones defensivas de tipo represivo por los regímenes no democráticos, no necesariamente implica restricciones que inhiban históricamente a las disidencias o a sus capacidades de movilización, aunque las afecten a corto plazo.

Estudios recientes sobre movimientos que buscan el cambio en regímenes no democráticos han encontrado que la relación entre el aumento de la represión y la disminución de la movilización social no es tan fuerte como se creía originalmente. Muchos teóricos han argumentado, incluso, que las amenazas en que se constituyen las voces críticas o disidentes, a mediano y largo plazo pueden servir como catalizadoras de movilizaciones sociales a gran escala.

Por ello es crucial que —además de que se aumente la presión internacional para que se condene, documente y sancione este tipo de respuestas represivas provenientes de estados totalitarios— se diversifiquen, fortalezcan y amplíen las voces críticas con un rol de liderazgo, que puedan permitir cierta flexibilidad ante acciones brutalmente violatorias de derechos humanos, como la del secuestro de un líder exiliado en un vuelo en ruta sobre el territorio de su país o el encierro forzado en un hospital de un artista con el carisma y liderazgo suficientes para encabezar un movimiento opositor efectivo. Una dinámica en la que la detención o desaparición de ciertos líderes produzca el surgimiento de otros que mantengan la presión contra el sistema autoritario sería la más efectiva contra una estrategia gubernamental de brutalidad represiva.

Sistemas antidemocráticos como el bielorruso o el cubano podrán silenciar mediante el secuestro, las detenciones, el menoscabo de la integridad física o incluso el asesinato a algunas voces disidentes, pero eventualmente no podrán acallar a miles o cientos de miles de voces contestatarias.

Por eso urgen, tanto en Cuba como en Bielorrusia, liderazgos horizontales, carismáticos, diversos, dúctiles y múltiples, que garanticen la continuidad de procesos de construcción de oposiciones que conduzcan a un movimiento de resistencia civil masivo.

TOMADO DE DIARIODECUBA

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.