Así está fabricando el régimen cubano un caso contra Yunior García Aguilera, promotor de Archipiélago

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Al régimen no le importa cuán burdas puedan parecer esas estrategias, su único interés es desmantelar iniciativas independientes que reten su control sobre la sociedad y neutralizar a ciudadanos críticos.

Él dramaturgo Yunior García Aguilera. AFP

¿Por qué la Seguridad del Estado decidió «quemar» a un informante solo para desacreditar a Yunior García Aguilera? Los medios oficiales llevan semanas atacando su reputación y, en otro intento de convertilo en apestado dentro de la sociedad, el jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba (PCC) lo ha acusado –sin pruebas— de vincularse con terroristas. ¿El objetivo del destape es solo otro capítulo de la campaña de desprestigio contra García Aguilera o forma parte de un plan para encarcelarlo, usando la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, o la Ley contra Actos de Terrorismo de 2001?

Todos los métodos disuasorios del régimen contra el dramaturgo y demás promotores de la plataforma ciudadana Archipiélago han fracasado: Pese a la respuesta negativa de las autoridades notificadas de la marcha cívica del 15 de noviembrelas amenazas de prisión y los despidos laborales, los impulsores de la iniciativa han mantenido su determinación de manifestarse, amparados por la Constitución que el régimen desconoce, aunque fue elaborada según sus intereses.

García Aguilera, además de sufrir el ataque a su reputación, sin que se le conceda el derecho a réplica, recibió una burda amenaza envuelta en sangre y cadáveres de aves decapitadas y dejadas en la entrada de su casa. Los intentos de intimidación escalaron hasta el acto de repudio del que fue objeto el lunes 1 de noviembre

Para tratar de desprestigiarlo, el régimen lo acusó, en un artículo publicado en el sitio de la Seguridad del Estado Razones de Cuba, de «ser capaz de vender a los suyos por tan poco» y de intentar «venderla (la Patria) a precio de mercadillo a las pirañas desalmadas de la Florida».

Rogelio Polanco, miembro del Secretariado del PCC y el jefe de su Departamento Ideológico, acusó a los organizadores de la manifestación pacífica, entre ellos a García Aguilera, de recibir financiamiento y capacitación de Estados Unidos para realizarla.

El régimen suele presentar a cuanto cubano se le opone como asalariado del Gobierno norteamericano, sin ofrecer pruebas. Recordemos que el 15 de julio, cuatro días después del estallido de las protestas ciudadanas que empezaron el 11 en todo el país y se extendieron hasta el 13, la coronela Moraima Bravet Garófalo, jefa de de la Dirección General de la Investigación Criminal del Ministerio del Interior (MININT), aseguró en el espacio de la televisión estatal Hacemos Cubaque había pruebas de financiamiento desde el exterior o «mercenarismo».

Sin embargo, hasta la fecha, a ninguna de las personas detenidas durante ni después de las protestas se les ha sido imputado el cargo de mercenarismo, lo que demuestra que no existe ninguna evidencia que lo sustente.

El mismo día del acto de repudio contra García Aguilera, la Seguridad del Estado destapó a uno de sus informantes, el doctor Carlos Leonardo Vázquez González, alías Fernando, quien participó junto al dramaturgo en un taller sobre «El papel de las Fuerzas Armadas en un proceso de transición».

Este individuo no pudo decir que vio a García Aguilera recibiendo dinero ni instrucciones de supuestos enviados o funcionarios norteamericanos. Sus afirmaciones de que el promotor de Archipiélago pensaba «consagrarse a la contrarrevolución en Cuba» y de que expresó admiración por el opositor Manuel Cuesta Morúa —desmentidas por este último y por el editor del medio independiente 14ymedio, Reinaldo Escobar, en entrevista con DIARIO DE CUBA— resultarían frágiles para acusarlo de mercenarismo.

Pero no olvidemos que el régimen guarda en su arsenal legal armas como la Ley 88, de febrero de 1999, sobre la Protección de la Independencia Nacional y de la Economía, y la Ley 93 de diciembre de 2001, denominada Ley contra Actos de Terrorismo.

Por los delitos tipificados en la primera, conocida como Ley Mordaza, fueron juzgados y condenados 75 periodistas y opositores cubanos durante la llamada Primavera Negra de 2003. 

Esta ley fue sancionada el 16 de febrero de 1999. Su primer artículo dice que su finalidad es «tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar el Estado Socialista y la independencia de Cuba».

El argumento del régimen contra la manifestación pacífica del 15 de noviembre es que sus promotores buscan subvertir el sistema político, orden interno y restaurar el capitalismo. 

El régimen además podría estar preparándose para emplear la Ley 93 contra García Aguilera, basándose en una conversación que sostuvo por teléfono con Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, a quien el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC presentó como un «terrorista reconvertido», una descripción en la que, sin embargo, encajarían muchos antiguos miembros del Movimiento 26 de julio.

Dicha conversación, que fue editada antes de ser revelada, solo muestra el apoyo de Sánchez a Archipiélago, mientras García Aguilera se limita a decirle que una flotilla ante las costas de Cuba el 15 de noviembre «es complicado, hay que pensarlo».

Ni en las «revelaciones» del informante Fernando ni en la conversación editada por la Seguridad del Estado hay el menor indicio de que el dramaturgo cubano haya cometido ningún acto contra la soberanía nacional ni planeado ningún acto terrorista.

Pero el régimen no necesita pruebas para decretar la prisión preventiva contra un ciudadano incómodo, ni siquiera la existencia de un delito claro. Recordemos que Hamlet Lavastida fue encarcelado mientras se le investigaba por supuesta instigación a delinquir.

La acusación contra el artista se basaba en que la Seguridad del Estado, violando la correspondencia privada de la artivista Tania Bruguera, descubrieron un mensaje en el que Lavastida proponía marcar billetes cubanos con logotipos del Movimiento San Isidro y el 27N. El mensaje quizás habría sido una prueba ridícula en un juicio, pero bastó para mantenerlo en prisión durante tres meses.

El régimen podría de la misma forma detener a García Aguilera y mantenerlo encarcelado durante ese tiempo o más. Eso bastaría para neutralizarlo e impedir su participación en la marcha del 15N. Con ese y otros encarcelamientos, el régimen buscaría impedir la protesta, además de cortar el liderazgo de García Aguilera.

Luego, como hizo con Lavastida y como pretende hacer con Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Osorbo, pondría a García Aguilera a elegir entre la cárcel y el destierro.

Las estrategias del régimen no son nuevas y no deben tomar a la sociedad civil cubana ni al mundo por sorpresa. Al régimen no le importa cuán burdas puedan parecer esas estrategias, su único interés es desmantelar iniciativas independientes que reten su control sobre la sociedad y neutralizar a ciudadanos críticos.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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