Abajo el embargo externo, bien, ¿y el interno que se mantenga?

¿Por qué la insistencia en un camino sin salida? Porque el objetivo de las resoluciones de la ONU es enmascarar el verdadero obstáculo al desarrollo de Cuba.

Universitarios habaneros ven el discurso del canciller Bruno Rodríguez en la ONU. AFP

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el pasado 3 de noviembre una resolución contra el embargo estadounidense a Cuba con 185 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Un breve repaso a la historia del embargo echa por tierra la euforia exhibida ante la «victoria» por la prensa oficial y cuestiona la razón de los votos emitidos.

La Guerra Fría entre las grandes potencias, la exportación de la revolución a América Latina, la confiscación sin compensación de las propiedades norteamericanas y la alianza con la Unión Soviética, conformaron el escenario en que el presidente Eisenhower decretó en 1961 el embargo y la ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba. Resulta, por tanto, necesario tener en cuenta esos factores para emitir un juicio objetivo.

A pesar de la ineficiencia de la economía estatizada, la alianza ideológica del Gobierno cubano con la Unión Soviética permitió la subsistencia del modelo totalitario, hasta que el hundimiento del llamado campo socialista desnudó la ficción: el PIB cayó bruscamente en un 34%; caída que jamás se recuperó.

Fue en 1992, cuando desaparecieron los subsidios soviéticos, que Cuba presentó por vez primera una resolución condenatoria contra el embargo. A partir de esa fecha se consideró, primero como la causa de algunas dificultades y luego de todos los males, incluso, calificado como «uno de los principales obstáculos para garantizar los derechos sexuales en Cuba» (Manuel Vázquez, subdirector del CENESEX, 13 de mayo de 2021).

Ante las 25 resoluciones presentadas por Cuba entre 1992 y 2016, EEUU mantuvo la misma línea. En ese último año, bajo la Administración Obama, EEUU e Israel se abstuvieron y el resto de los países votó a favor. Llegado a ese punto —el máximo posible al que se podía aspirar en la ONU donde los acuerdos no son de obligatorio cumplimiento—, el camino de las resoluciones quedó agotado.

Se imponía entonces enrumbarse hacia la negociación bilateral, para lo cual el presiente Obama ofreció las facilidades. En lugar de exigir la democratización como premisa para el restablecimiento de relaciones, Obama dictó seis paquetes de medidas dirigidas al empoderamiento de los cubanos: amplió los permisos de viaje, ofreció facilidades comerciales a empresas privadas y a pequeños agricultores, acrecentó el monto de las remesas y los donativos, expandió las exportaciones comerciales de bienes y servicios, y proporcionó telecomunicaciones comerciales y servicios de internet con precios más bajos. Tales medidas repercutieron en el aumento de los viajes, la llegada de cruceros, el reinicio de los vuelos, la transportación directa de correo y facilitó las negociaciones de otros países con la Isla.

Todo indicaba que el diferendo se enrumbaría hacia las negociaciones. Sin embargo, el Gobierno cubano se limitó a permitir que los cubanos se hospedaran en hoteles reservados para turistas, a viajar al exterior sin pedir permiso, permanecer fuera del territorio nacional hasta 24 meses, vender sus autos y sus viviendas, comprar computadoras, DVD y líneas de telefonía móvil… Medidas demostrativas, no de voluntad política de cambio, sino de hasta dónde habían retrocedido los derechos de los cubanos.

EEUU cambió entonces su política, Cuba no cambió la suya, porque el cambio encerraba un «peligro»: la contradicción externa se desplazaría hacia el interior del país. Algo que Fidel Castro dejó bien claro en carta a los estudiantes de la Universidad de La Habana, el 26 de enero de 2015, en la que se manifestó contrario a las negociaciones con EEUU. Y en marzo de 2016, dijo: «Se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de EEUU (…) Nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y los derechos, y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura (…) No necesitamos que el imperio nos regale nada».

Malogrado el intento de restablecer las relaciones con EEUU, el 1 de de noviembre de 2017, Cuba presentó nuevamente ante la ONU el proyecto titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba». En ese contexto, Donald Trump, quien durante la campaña electoral anunció que revisaría la política establecida por Obama, firmó el «Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la Política de EEUU hacia Cuba».

Los años siguientes Cuba mantuvo las resoluciones condenatorias. Ahora, el 3 de noviembre de 2022, se aprobó la resolución número 30 con los mismos argumentos: «el bloqueo es ilegal e inmoral y constituye el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba».

¿Por qué la insistencia en un camino sin salida? Porque el objetivo de las resoluciones no es otro que enmascarar el verdadero obstáculo del desarrollo de la Isla: un sistema totalitario que concentró en el líder el poder absoluto, la propiedad en el Estado, sustituyó la sociedad civil por un entramado de asociaciones subordinada al orden establecido y las utiliza para solapar la ineficiencia y eludir cualquier compromiso con los derechos humanos.

Por lo anterior, la solución de la crisis estructural de Cuba no depende solo, ni en primer lugar, de la suspensión del embargo, sino de un cambio profundo en lo que algunos denominan embargo interno. Lo demostrado en más de seis décadas es que la eficacia del totalitarismo para conservar el poder, solapar la ineficiencia y eludir cualquier compromiso con los derechos humanos, no es extrapolable a la eficiencia económica y al bien común, como lo demuestra la miseria generalizada que en el último año ha lanzado un cuarto de millón de cubanos fuera de nuestras fronteras.

Antes de 1959 la economía de Cuba era una de las más fuertes de la región, hoy se ubica entre las más pobres, lo cual confirma que la relación entre libertades y progreso constituye una ley social. Si el Gobierno de la Isla permitiera a sus nacionales crear pequeñas y medianas empresas con personalidad jurídica, adquirir en propiedad las tierras en usufructo, eliminara los monopolios estatales de Acopio y Comercio Exterior, erradicara el apellido de Extranjera de la Ley de Inversiones y permitiera a los trabajadores contratarse y sindicalizarse libremente, el embargo perdería su razón de ser. Entonces, el Congreso de EEUU —no la ONU— procedería a su suspensión.

No se trata de una rendición ante el «enemigo», sino de un gesto hacia la nación y hacia el pueblo que supuestamente representa. Por tanto, los países que votaron por la suspensión del embargo estadounidense, sin mencionar el embargo interno, poco favor hacen al pueblo cubano. En su lugar, deberían exigir al Gobierno de Cuba que restablezca las libertades políticas, cívicas y económicas y de pasos a los cambios que la nación cubana demanda.

Un ejemplo es el de Vietnam, país que después de la destrucción sufrida en la guerra con EEUU, en lugar de presentar resoluciones en la ONU emprendió un programa de reformas basado en mecanismos de mercado, autonomía de los productores, derecho de los nacionales a ser empresarios y entrega de tierra a los campesinos. Esa nación, que en 2008 dedicó sus esfuerzos a salir de la lista de países subdesarrollados, en 2010 se trazó el objetivo de entrar en el grupo de países de ingreso medio, en 2014 se ubicó como el vigésimo octavo exportador más grande del mundo, y en 2016 aprobó medidas destinadas a convertirse en una nación industrializada.

TOMADO DE DIARIODECUBA

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